«El próximo curso 17-18 se implantará el nivel Avanzado 1 en infantil 3, 4 y 5 años...». Este cartel que figura en el tablón de anuncios de uno de los colegios de alumnos ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los representantes de los padres de alumnos que vienen reclamando del conseller de Educación, Vicent Marzà, el cumplimiento de la suspensión cautelar del plurilingüismo ordenada por el TSJ de la Comunidad.
«Las familias necesitamos saber qué programa lingüístico se aplicará realmente el curso que viene», reclama Ramón López, el presidente de la Confederación autonómica de padres de alumnos, Covapa.
El colectivo exige por tanto a la Conselleria de Educación que aclare las instrucciones que ha remitido a los directores de los centros. «Exigimos unas instrucciones claras para las direcciones y la vigilancia y cumplimiento del auto del TSJ por parte de la inspección educativa, garantes del cumplimiento normativo».
Implican por tanto los padres a los inspectores de Educación para que velen porque no se pongan en marcha los programas plurilingües que derivan del decreto de plurilingüismo paralizado por los magistrados.
Pese a que ayer mismo la Abogacía de la Generalitat remitía al TSJ por escrito las medidas que considera que cumplen con dicha paralización, para los padres de alumnos el proceder de Educación demuestran «desfachatez y falta de respeto», como añaden desde la Asociación Idiomas y Educación que junto a Covapa, por los centros públicos, y Concapa, por los concertados, constituyó un Foro común por la libre elección de la lengua vehicular.
Libros
«Los libros a comprar son los indicados en la página web y en el tablón de anuncios...», prosigue el citado cartel informativo que uno de los colegios dirige a los padres de alumnos.
Ante mensajes tan explícitos como los de este tipo, los representantes de las familias se preguntan qué libros van a ser los que finalmente tengan que estudiar sus hijos. «¿Podrán reutilizar los del banco de libros?», o bien «¿quién deberá pagar las modificaciones debidas al programa lingüístico del centro?».
Van incluso más allá al cuestionarse si se devolverán a las familias los euros que se gasten en los nuevos libros si finalmente la sentencia considera nulo el decreto. «¿Se podría considerar malversación de fondos públicos la inversión de la Conselleria de Educación en los cambios de libros de texto, originados por la aplicación del decreto de plurilingüismo de 2017?».
Lo que piden estos colectivos de padres es que las instrucciones indiquen sin ambages si se aplica el decreto lingüístico de 2012 vigente hasta este último curso, o bien el decreto lingüístico 2017 aprobado este año.
«Nos gusta que nuestros alumnos jueguen, que la escuela sea alegre y divertida», concluye Ramón López, «pero no que jueguen con su futuro».
