El Ayuntamiento de Alicante está "en total sintonía" con la sentencia del TSJ que anula la autorización que otorgó en 2012 la dirección general de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana a la mercantil Inusa, concesionaria municipal, para ampliar el vertedero con una quinta celda. Así lo asegura el concejal de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, Víctor Domínguez, que dice que de ningún modo se contempla recurrirlo.

Víctor Domínguez indica que la Concejalía de Medio Ambiente se encuentra en el proceso de redacción de un Plan de Gestión de Residuos que prevé alargar la vida de la planta más allá de 2030. El edil explica que la sentencia no supone ningún trastorno, ya que los planes de la Concejalía pasan por acciones dirigidas a la reducción de los residuos, como es el caso de la recogida selectiva de materia orgánica que ha convertido a Alicante en una ciudad pionera, encaminada a reducir los residuos que puedan llegar a la planta hasta en un 40%.

De la misma manera, se esta trabajando, ha dicho, para reducir los residuos que llegan desde fuera de Alicante, que en 2016 se han rebajado un 70% en toneladas, y con el horizonte de que "no llegue nada de basura de fuera de nuestra ciudad antes de que acabe la legislatura".

Por otra parte, satisfacción por parte de Esquerra Unida y Ecologistes en Acció, que han calificado de "concluyente" la sentencia que anula la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que otorgó la Generalitat Valenciana a la mercantil Inusa -concesionaria municipal- para "modificar de forma sustancial la planta de residuos de Fontcalent mediante una ampliación de sus instalaciones de vertido con una quinta celda que hubiera supuesto ampliar el vertedero casi en un 50% de su capacidad, al pasar de 3,15 a 4,64 millones de toneladas".

Señalan que el alto tribunal valenciano da la razón a EU y Ecologistes en Acció, que mantienen que esta sentencia pone fin a los planes de los entonces gobiernos populares de la Generalitat y del Ayuntamiento para convertir la planta de Alicante en uno de los principales vertederos de la Comunidad y, de paso, "hacer caja y negocio con los vertidos, sin tener en cuenta el grave impacto ambiental que suponen los malos olores, los lixiviados, la posible contaminación de acuíferos, la emisión de gases peligrosos y la degradación del paisaje", señala el vicealcalde y concejal de Urbanismo por Guanyar, Miguel Ángel Pavón, que cuando se alegó representaba a EU en la oposición.