Los 50 retos del Consell

Una de las de más calibre se da en Presidencia, el departamento de Ximo Puig. La Generalitat se ha propuesto dar un nuevo impulso al Fondo Autonómico de Cooperación Municipal con el objetivo de que todos los municipios de la Comunidad puedan ejecutar obras cofinanciadas por la Unión Europea. En concreto, el Consell tiene planeado poner en marcha la segunda parte de este fondo, dotarla de 27,32 millones de euros y aportar una parte del dinero que deberían abonar los ayuntamientos que quieran ejecutar inversiones en infraestructuras culturales, turísticas y de movilidad urbana. «Actualmente muchos municipios quieren acceder a los Fondos FEDER pero finalmente descartan esa opción porque no se pueden permitir aportar el 50% de esas actuaciones», aclaran desde Presidencia.

La intención del Ejecutivo pasa por que los consistorios sí puedan ejecutar los proyectos -siempre que cumplan los requisitos para recibir ayudas europeas- y la propia Administración autonómica aportará una parte de ese 50% que han de satisfacer hoy por hoy las entidades locales.

Pero, ¿qué ocurrirá en la provincia de Alicante? ¿La Diputación dará su brazo a torcer y se sumará a la iniciativa? ¿O declinará adherirse al Fondo de Cooperación Municipal, como ya hizo con su primera fase? Desde el Consell confían en que la institución que preside César Sánchez recapacite y sí opte ahora por participar en esta segunda fase. Con todo, aún es pronto para saber la cuantía que podría aportar la corporación provincial. Presidencia subrayó ayer que todavía se han de desarrollar todas las bases reguladoras del Fondo y hasta dentro de unos meses no se sabrá con exactitud el grado de implicación que pedirá a las tres diputaciones.

Tal y como informó este diario en su edición de ayer, otro de los grandes retos que ha asumido la Generalitat para el próximo semestre es el de evitar la pérdida poblacional en municipios del interior. También en Presidencia, el bipartito quiere desarrollar l'Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant) y, con el apoyo de las universidades valencianas, realizar un diagnóstico profundo de la situación para hallar soluciones.

Otro de los departamentos que se ha marcado retos ambiciosos es el de Educación, dirigido por Vicent Marzà. Una vez desarrollado y aprobado el decreto de plurilingüismo para Educación Infantil y Primaria -al margen de los fallos desfavorables del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad-, Educación se compromete ahora a aprobar un nuevo decreto para Secundaria y Bachillerato. «En la nueva norma se apuesta por una configuración del tiempo más próxima a la realidad de las necesidades de contenidos y habilidades del alumnado, dejando en manos de los centros educativos la decisión de parte del currículum», se explicita en el dossier informativo repartido ayer a los medios en Ademuz.

Ese nuevo currículum colmará, a priori, parte del nerviosismo que se ha instalado entre el profesorado de Filosofía. El decreto servirá para «acabar de revertir los retrocesos de la LOMCE» en materias como Filosofía, que volverá a ser obligatoria en segundo de Bachillerato, apostilla el Ejecutivo.

En Justicia y Administración Pública, por su lado, se prevé una ambiciosa oferta de empleo hasta 2019. En total, el departamento encabezado por Gabriela Bravo pretende ofertar 5.286 plazas: 800 por la tasa de reposición, 1.800 de tasa adicional para estabilizar los puestos temporales, otras 500 más para el mismo fin, 42 por plazas ocupadas por personal indefinido que no es fijo en plantilla y 2.114 más de promoción interna, como se desgrana en el dossier.

Por último, otra Conselleria que prevé un reto de calado es la de Transparencia, a cargo de Manuel Alcaraz. Su departamento elaborará el anteproyecto de la Ley de la Inspección General de Servicios y Sistema de Alertas de la Generalitat, que tiene entre sus fines «detectar de manera automatizada, usando mecanismos informáticos, indicios de posibles casos de irregularidades e infracciones en los procedimientos de gestión de la Generalitat».