Una vez más, el TSJ de la Comunidad se pronuncia a favor de la Diputación Provincial, que ha pedido la ejecución del auto que suspende cautelarmente el plurilingüismo, por entender que no se ha hecho efectiva ninguna medida al respecto.
Los magistrados dan ahora cinco días a la Conselleria de Educación que dirige Vicente Marzà, para que especifique las medidas que ha adoptado para cumplir la resolución judicial que paraliza el decreto sobre el modelo lingüístico y que no estrene el curso que viene.
En concreto el TSJ pregunta a la Generalitat «que medidas adoptadas evidencian que se paraliza» el plurilingüismo. El mismo tribunal solicita a la conselleria también que identifique en concreto a algún cargo o funcionario para hacerle responsable del cumplimiento de esta resolución judicial en el caso de que «se produzca desobediencia».
Mientras que para la conselleria se ha acatado ya el auto con el nuevo currículum de Primaria, que deja 3,5 horas lectivas a elección de cada centro escolar para que refuerce las asignaturas que considere, ya sea valenciano, castellano, inglés, o cualquier otra, para el presidente de la Diputación que reclamó la ejecución del auto judicial la Generalitat está desoyendo al TSJ.
Carta blanca
César Sánchez hace referencia al mismo currículum de Primaria en el que se contempla que los centros aplicarán el programa lingüístico autorizado por la Conselleria de Educación. En opinión de este representante del PP, esta directriz da carta blanca a los colegios para aplicar el plurilingüismo con toda tranquilidad pese a la resolución judicial que lo paraliza.
De hecho, al preguntar a Marzà sobre las medidas que ha aplicado para parar el plurilingüismo, los jueces se refieren al auto del pasado 23 de mayo por el que a instancias de la Diputación de Alicante, -que inicialmente recurrió el decreto del plurilingüismo y solicitó su suspensión cautelar-, en el que efectivamente la sala suspendió cautelarmente la puesta en marcha del nuevo modelo lingüístico hasta que se dicte sentencia sobre su legalidad.
El tribunal reitera que aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, pero solicita la identidad de una autoridad o funcionario que se haga responsable de hacer cumplir el auto. El TSJ reclama un nombre para «exigir responsabilidades» si hay desobediencia.
La nueva providencia «no es firme y cabe interponer recurso de súplica» ante la propia Sala de lo Contencioso, aunque ya se desestimó el recurso que interpuso Educación contra la suspensión provisional del decreto que fija las horas a impartir en valenciano y en castellano en todos los centros.
