El golpe le cayó como bajado del cielo. No se lo esperaba en absoluto. Acababa de dar comienzo el último día de clase y la madre de uno de sus alumnos le agredió en la cara sin mediar palabra. Aquello fue inenarrable, pero lo peor ha venido después.
La odisea que está sufriendo una maestra agredida físicamente en su ámbito laboral, en un colegio del barrio Virgen del Remedio de Alicante, ha llevado al sindicato CSI.F a elevar una queja formal ante la Conselleria de Educación «para que tome las medidas necesarias que agilicen y aporten eficacia al protocolo del plan Previ contra violencia escolar, para que los docentes se sientan realmente protegidos y sepan qué hacer cuando son agredidos».
No hace ni dos días que desde la propia Universidad de Alicante, profesionales invitados a un programa sobra el acoso escolar señalaban que el plan de Educación contra el acoso, el citado Previ para prevenir la violencia en las aulas, hace aguas.
«No puede ir dentro del sueldo del maestro que deba tener más o menos carácter para que no le rechiste nadie. Y no puede esperarse que actuemos como policías secreta para dar las clases, somos docentes», sostiene el delegado sindical Javier Mas.
Odisea
La excitación que el día del suceso había entre los niños en el aula responde a que preparaban el festival de fin de curso, y todo se interrumpió repentinamente con la entrada de la madre en clase por sorpresa y su acción contra la maestra sin más.
Los compañeros se apresuraron a auxiliar a la docente mientras el director intentó calmar a la madre, que vociferaba por un conflicto que tuvo su hijo con otro niño el día anterior.
De hecho, en el whatsapp que la maestra comparte con el grupo de padres de su aula, el día anterior a resultar agredida, algunos contaron que familiares de la madre que después acabó golpeando a la docente, habían pegado una paliza a la madre del otro niño que se peleó con su hijo.
Ante premisas tan poco edificantes, la maestra pidió tanto al equipo directivo de su centro como al consejo escolar y a la inspectora de zona que se expulsara del centro al alumno, pero la respuesta de todas las partes coincidió en que «el menor no tiene por qué pagar la mala conducta de su familia».
El periplo que inicia entonces la maestra, sin respuesta alguna satisfactoria, le ha llevado finalmente a renunciar a presentar la denuncia correspondiente, como también alertaron el martes en la UA sociólogos y juristas expertos en mobbing laboral.
Y es que al tratarse de un delito leve, se le informó en los juzgados de que el juicio saldría antes de un mes y de que lo normal es que acudieran los familiares y amigos de la presunta agresora, vecinos del barrio donde está el colegio.
«Cualquier calle puede ser un embudo para esta profesora en estas circunstancias», lamenta el delegado de CSI.F, quien añade que «la solución no es adecuada ni mucho menos para el docente. Sólo en nuestro sindicato recibimos una media anual de 20 casos de agresiones y acosos físicos, pero en cuatro años que llevo liberado solo han denunciado dos», concreta Mas.
Pese a que con el parte de lesiones de urgencias el juez le iba a dar la razón, se le hizo ver a la maestra que la presunta agresora sería condenada a pagar una multa de entre 100 a 150 euros, y que la experiencia les dictaba que se declararía insolvente y que, a partir de ese momento, cualquiera del grupo de la madre agresora podría seguir sus pasos cuando fuera o saliera del colegio.
Las sugerencias que recibió esta profesora, sumado a que en el plazo de un año se va a jubilar, le han llevado a desistir de seguir adelante con el proceso. «El panorama que se le presenta no es nada halagüeño porque a nivel judicial te expones a tus agresores, y desde la Administración conlleva una burocracia que recae por completo sobre el docente sin que se vea salida», apunta Javier Mas.
Pánico
La agredida sufre brotes de pánico desde entonces, hace ahora un mes aproximadamente, pero no ha pedido la baja porque quiere estar en su puesto colaborando para «evitar la escalada de violencia que sufrimos los docentes».
A quien sí ha acudido ha sido a su sindicato para que haga fuerza ante la administración y haga ver a los responsables «que los docentes estamos para enseñar y solo para enseñar. Tenemos que poder desarrollar nuestra función sin amenazas, ni siquiera veladas, ni insultos o agresiones». Mas concluye que, por la excesiva carga burocrática que conlleva el Previ, no es de recibo que «cantidad de casos queden impunes».
