21 de julio de 2017
21.07.2017

El 82% de la basura de la provincia de Alicante no se recicla por falta de recogida selectiva

Ecologistas en Acción reclama medidas para incentivar a los ciudadanos y paliar un problema grave

22.07.2017 | 02:57
El 82% de la basura de la provincia de Alicante no se recicla por falta de recogida selectiva

Ecologistas en Acción ha hecho público un comunicado para denunciar el problema que existe con la gestión de los residuos sólidos urbanos, que se acrecienta además durante el verano en muchos puntos de la franja litoral de la provincia. El problema es que menos del 20% de la basura se recoge de manera selectiva, lo que impide su reciclaje.De los 21 millones de toneladas de residuos urbanos que se generan en España, casi dos millones pertenecen a la Comunidad Valenciana y el 82% no son clasificados en origen para su recuperación.

Este panorama es insostenible, sobre todo si tenemos en cuenta que existen vías para cambiar la dirección de nuestras costumbres. La mayor parte del material que depositamos en los vertederos es recuperable: un 54% es materia orgánica, un 8,5% papel y cartón, un 5% vidrio, un 13% envases ligeros y un 0,5% madera,según Ecologistas en Acción.

Los países desarrollados producen cada vez más residuos, uno de los principales factores de la contaminación ambiental y el cambio climático. Hace una década, los residentes en ciudades se estimaban en 2.900 millones y producían unos 680.000 millones de toneladas de basura al año. Ahora son 1.000 millones más y se registra casi el doble. En España se generan 21 millones de toneladas de residuos urbanos, "casi dos millones en el País Valencià, y si atendemos a los datos del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el 82% de los mismos no son discriminados para su reutilización o reciclaje. Además, cabe destacar que, con la llegada del verano y el turismo a las costas del Estado español, se multiplicará la cantidad de desperdicios producidos".

"Esta situación alarmante nos obliga a sentarnos y reflexionar sobre nuestra pauta de crecimiento y a plantear una serie de medidas de alcance que nos permitan aspirar a un modelo de economía circular que ponga en valor la lógica de 'Residuo cero', es decir, la estrategia por la cual se cierra el ciclo de los materiales dentro de nuestro sistema económico. De esta manera, se pretende que ningún material se pierda en el proceso que va desde la fabricación al consumo, mediante la implantación de políticas de reducción en origen y de no comercializar elementos tóxicos y no recuperables", subraya Ecologistas en Acción.

Por esta razón, la organizaciòn conservacionista quiere llamar la atención de los ciudadanos sobre el estado actual de la gestión de residuos en el Estado español y resaltar la necesidad de desarrollar un entramado de medidas dirigidas a optimizar los procesos de recogida, selección, tratamiento y prevención con reformas en el ámbito económico, fiscal y educativo.

Asimismo, es necesario extender el uso de métodos como la separación de la fracción orgánica o el SDDR (Sistema de Depósito, Devolución y Retorno) es un propósito clave para la conquista de los objetivos establecidos por la Unión Europea para 2030 en materia de residuos, que obliga a los Estados Miembro a caminar hacia un escenario de desaparición de los vertederos (no deberán almacenar más del 5% de los residuos totales) y reciclaje del 70% de los desechos urbanos.

Sin embargo, las metas fijadas distan enormemente de las cifras actuales que barajan las instituciones españolas, cuyas conclusiones estiman que más del 25% de los desperdicios de las ciudades acaban amontonados sin ningún tratamiento y que apenas reciclamos una tercera parte de los mismos. Esta desviación de los estándares necesarios de salud pública y protección ambiental puede devenir en multas millonarias por el incumplimiento de las normas comunitarias.

De hecho, el Tribunal de Justicia de la UE dictó hace pocos meses una sentencia en la que especificó la gravedad de las infracciones: "España ha incumplido las obligaciones que le incumben al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar que los residuos sean tratados como establece el Derecho de la Unión, sin poner en peligro la salud humana ni dañar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora.

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