Dice el diccionario en su segunda acepción que «terrorismo» es la «sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror». Y así, como actos de terrorismo, serán considerados los asesinatos de mujeres víctimas de violencia machista en la Comunitat Valenciana. La iniciativa, impulsada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, quedará recogida en el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista. El cambio de consideración no solo será simbólica, en la línea de una histórica reivindicación del feminismo. Esa equiparación entre los asesinatos machistas y las matanzas terroristas implicará un notable incremento en las indemnizaciones que la Administración de la Generalitat concederá a las familias de las mujeres asesinadas por violencia machista. Las ayudas que la Generalitat destinará a las familias de las mujeres asesinadas por violencia machista pasarán de los 6.000 euros actuales a una cuantía aproximada de 75.000 euros, según adelantaron ayer a este periódico fuentes oficiales de la Vicepresidència del Consell.
El instrumento legal para impulsar este cambio histórico y pionero en España será la modificación del decreto 163/2005 por el que se aprueba el reglamento de la ley valenciana de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo. Esta cantidad complementaría la aportación que hace el Estado, y que en el caso de violencia de género es el equivalente a 120 veces el salario mínimo interprofesional (cantidad que puede corregirse a la baja en función de diversos factores).
El decreto que se va a modificar establecerá que la Generalitat concederá a las familias de los fallecidos por terrorismo una indemnización por cuantía equivalente al 30% de la concedida por la Administración del Estado, que ronda los 250.000 euros. La equiparación con el terrorismo se acota a los casos de víctimas mortales, no de heridas.
Esta medida se entronca en el propósito de que el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista sirva, según la vicepresidenta Mónica Oltra, para «dar solución al conflicto político y social que supone en la actualidad el terrorismo machista, con la finalidad de sacarlo de la agenda partidista, en la misma línea que las actuaciones que lograron vencer al terrorismo de ETA.
Oltra afirma que «esta determinación en lograr la unión de la sociedad en la lucha contra la violencia machista, igual que se consiguió con el terrorismo, es lo que nos ha llevado a plantear una equiparación de las víctimas, que igual que sucede en el otro ámbito, no lo son por cuestiones personales ni domésticas, sino como consecuencia de una realidad social contra la que hay que luchar de forma trasversal».
El deseo de la vicepresidenta es que el pacto valenciano contra el machismo, cuyo debate está ultimándose y se espera la firma para el mes de septiembre, sirva de «ejemplo y guía» para un acuerdo estatal, igual que se logró en torno a la lucha contra el terrorismo de ETA, donde la implicación de todas las fuerzas políticas y de la sociedad en su conjunto fue determinante para arrinconar a los terroristas».
Más allá de las intenciones
El pacto contra la violencia machista, integrado por 73 representantes de las Administraciones públicas y agentes políticos, sociales y económicos, pretende superar la declaración de intenciones y asumir propuestas concretas. El documento obligará al Consell a considerar a las mujeres maltratadas con hijos, formalmente, como «familia monoparental». Con ello, dará a las víctimas del machismo (con orden judicial o informe de la Fiscalía) los mismos beneficios legales y fiscales que ya tienen las familias numerosas o de las madres solteras. La Generalitat también se comprometerá en dicho pacto a no exigir la autorización paterna en los trámites de la Administración autonómica.
