15 de julio de 2017
15.07.2017
Polémica

El PP exige a Puig que desautorice a Oltra por "matar el Estado de Derecho" al cuestionar al TSJ

Los populares equiparan las declaraciones de la vicepresidenta con el "desafío" independentista catalán y Marzà replica que es el PP el "radical" que "quiere el caos"

16.07.2017 | 01:15

El coordinador general del PP en la provincia de Alicante, Rafael Candela, ha exigido este sábado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que "desautorice de forma rotunda, contundente e inequívoca" a la vicepresidenta, Mónica Oltra, por "matar al Estado de Derecho y la democracia misma" con sus declaraciones contra el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ). Según ha afirmado, "cuestionar el papel de la Justicia en un sistema democrático como el español es un desafío equivalente al de los independentistas catalanes".

Candela ha respondido así a las declaraciones en las que Mónica Oltra cuestionaba las sentencias del TSJ sobre el decreto de plurilingüismo, al señalar que "un tribunal no es una segunda cámara" y que "para tomar decisiones políticas hay que presentarse a las elecciones". Los populares han mostrado su "estupefacción" por unas declaraciones que "atentan contra los principios básicos de los estados democráticos modernos" con la separación de poderes. Para el dirigente popular, "Oltra ha cruzado con un pie la raya del discurso totalitario", y por ello insta al presidente de la Generalitat a que "defienda el sistema democrático que consiguieron los españoles y los valencianos hace ahora 40 años".

Candela ha asegurado que "Ximo Puig está a punto de caer en el abismo secesionista al que los socios de Compromís le empujan", por lo que le ha pedido "sensatez y una firme defensa de los valores democráticos y constitucionales sin ambages, más allá de condicionantes políticos puntuales". Estas declaraciones de la vicepresidenta, ha dicho, "no pueden justificarse en ninguna condición ni deben dejar pasarse por alto", y menos por el "representante legítimo de todos los valencianos", porque "el fuego se extiende ya por otros representantes de Compromís".

Mientras tanto, desde la Generalitat, el conseller de Educación, Vicent Marzà, ha criticado la actitud de "absoluta irresponsabilidad" del PP por judicializar la enseñanza y ha asegurado que el Consell "no va a caer en la provocación" de los populares de "paralizarlo todo cautelarmente en función de si interesa o no electoralmente". Además, ha añadido que "el PP lo recurre todo por sistema; los radicales y los que quieren el caos son ellos".

Preguntado por su valoración y por si está sorprendido por esta "judicialización" de asuntos educativos, ha aseverado que "más que sorpresa, me parece un acto de absoluta irresponsabilidad por parte del PP y de su entorno". Según ha espuesto, los populares "siempre dicen que hay que generar estabilidad", pero ésta "se genera respetando las decisiones legítimas de un gobierno votado por la soberanía popular y el PP no la respeta y se dedica a poner palos en las ruedas sin pensar que pueda causar incertidumbre para intentar sacar rédito partidista".

En el caso concreto del decreto de plurilingüismo, Marzà ha acusado al PP de "jugar con una cuestión con la que no se debe jugar: las oportunidades de los niños y niñas de aprender lenguas". Además, ha afirmado que, pese a la paralización del decreto, el próximo curso escolar seguirá siendo el del plurilingüismo. "Pensamos que el instrumento es válido y por eso lo defenderemos hasta donde sea, pero el objetivo de que los alumnos dominen castellano, valenciano e inglés está encima de la mesa y poniendo todos los medios".

Así, ha recordado que, "cumpliendo el auto de suspensión del TSJ" al no desarrollar esa normativa, el curso que viene habrá un millar de auxiliares de conversación nativos en las aulas de los colegios públicos de la Comunidad Valenciana y que 600 profesores van a realizar estancias lingüísticas en el extranjero o que 10.000 docentes se van a formar en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI). Sobre si existe alguna posibilidad de modificar el sistema de acreditación de idiomas que prevé el decreto, y que constituye el punto más polémico para sus detractores,  Marzà ha respondido que "cuando una administración regula pensando en el interés general, ha de mantener esa regulación".

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