15 de julio de 2017
15.07.2017
Recurrirá al Supremo

Oltra pasa al ataque

La vicepresidenta del Consell justifica la eliminación de educación concertada en bachillerato para «no pagar los privilegios de un servicio privado»

16.07.2017 | 01:15
La vicepresidenta Mónica Oltra durante su comparecencia de ayer en la sede del Gobierno Valenciano en la ciudad de Alicante.

Defiende la legitimidad que tiene la Generalitat para tomar decisiones «políticas» y carga contra las resoluciones del TSJ. Reclama al titular de la Diputación, César Sánchez, que se dedique a sus competencias con «lealtad».

n Al ataque. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, salió en defensa de la gestión del Consell en una semana en la que los autos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ) volvieron a poner en solfa al gobierno y, especialmente, al conseller de Educación, Vicent Marzà. Oltra justificó la eliminación de aulas de educación concertada en bachillerato para «no pagar por duplicado los mismos servicios» y anunció que recurrirá al Supremo. «Estamos para tutelar el interés general y no el privilegio de unos cuantos», argumentó. Legitimó la acción del Consell para tomar decisiones «políticas» y cuestionó que el TSJ, a raíz de la estrategia de recursos del PP, ejerza de «segunda cámara» parlamentaria. Y, aprovechando que la sesión se celebró en Alicante, le lanzó un mensaje a César Sánchez, que ayer pidió la ejecución de sentencia para suspender el decreto de plurilingüismo que potencia la enseñanza de valenciano e inglés. «Estamos dispuestos a dialogar pero cada uno debe dedicarse a sus competencias con lealtad», subrayó la número uno de Compromís en la sede alicantina de la Generalitat.

Oltra garantizó que el Consell acata las decisiones judiciales del alto tribunal valenciano pero, en todo caso, apuntó que esas resoluciones no les dejan mudos. «Vamos a seguir teniendo opinión», advirtió la vicepresidenta. «Un tribunal no es una segunda cámara. Para tomar decisiones políticas hay que presentarse a las elecciones, como hicimos nosotros. Los magistrados del TSJ no se presentaron a elecciones sino a oposiciones, que aunque rima no es lo mismo», proclamó Oltra para la que hay decisiones políticas y otras judiciales. «No hay que mezclarlas porque nos podemos cargar la separación de poderes», lanzó la vicepresidenta del Consell después de una catarata de resoluciones en contra de la Generalitat cuyo último episodio ha sido, durante esta misma semana, las resoluciones que anulan la supresión de conciertos privados en bachillerato para dos centros en la provincia de València.

Para el Consell, explicó la vicepresidenta, esa resolución del TSJ obliga a «realizar un contrato nuevo de concierto a un servicio privado que no es necesario. Ya existe una oferta pública suficiente. Y desde luego lo que no vamos a hacer es pagar dos veces por las mismas cosas. Eso sería despilfarrar dinero». Y los tribunales, como explicó la vicepresidenta, no tienen competencias sobre el uso de los recursos públicos. Con el gasto de 1,1 millones, conforme a la versión de Oltra, que genera un servicio privatizado de enseñanza concertada «innecesario» en tanto que ya existe una oferta de centro público, se podrían solucionar problemas de colegios públicos que esperan inversiones. «Por ejemplo, con ese dinero, podríamos quitar los barracones del colegio la Paz de Torrellano. Esas son las consecuencias: a unos nos obligan a pagarles privilegios mientras otros tienen que estudiar en barracones», aseveró. «Nosotros tutelamos el interés general y desde luego no los privilegios de unos cuantos. Para eso nos votaron y para eso nos presentamos a las elecciones», subrayó Mónica Oltra.

Tampoco se libró la Diputación de Alicante -encabezada por el popular César Sánchez- de la ofensiva de la vicepresidenta de la Generalitat. «Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Veo posible dialogar con la Diputación de Alicante. Pero las dos partes tienen que querer», detalló antes de desvelar durante su comparecencia que espera desde hace tres semanas una respuesta de la corporación provincial alicantina para poner en marcha la mesa de coordinación de servicios sociales que, en su momento, se acordó. La líder de Compromís apuntó que para hacer más fácil el diálogo cada institución se tiene que dedicar a cumplir con «lealtad» sus competencias. «Y las de las diputaciones son ayudar a los municipios. Lo que pasa es que hay algunas -en referencia a la de Alicante- que hacen oposición a la Generalitat, judicializan la vida pública y son plataformas de notoriedad», explicó Oltra que recordó que ayer mismo el Consell pagó su parte del Fondo de Cooperación a todos los municipios de la Comunidad. «Los de Alicante son los únicos que han recibido la mitad por

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