La Conselleria de Vivienda y el Ministerio de Fomento han llegado a un acuerdo para que las ayudas a la adquisición de una VPO en el nuevo Plan Vivienda 2018-2021 se centren en el apoyo a los compradores de este tipo de pisos, descartándose que pueda haber subvenciones concretas para las viviendas libres que se quedaron sin vender tras la explosión de la burbuja inmobiliaria. Esta era una de las alegaciones que presentó el Consell y que ha sido aceptada por el Ministerio. Las alegaciones presentadas por la Generalitat se centran en diferentes aspectos, como las ayudas a jóvenes, a desahuciados, rehabilitación para interiores de viviendas y subsidiación de préstamos, entre muchas otras que intentan mejorar el articulado en su conjunto. El objetivo del departamento que dirige la consellera María José Salvador es que la promoción de VPO vuelva a ser un nicho de mercado en la provincia de Alicante, tanto para los promotores como para los potenciales compradores.
El Consell, que será el que canalice todas las ayudas (estatales y autonómicas) en el nuevo plan vivienda, ya ha adaptado, por su parte, los criterios para la adjudicación de las VPO a la nueva Ley por la Función Social de la Vivienda con la aprobación de parámetros que benefician a los jóvenes menores de 35 años, así como a las personas que han perdido su casa en un desahucio o han sufrido violencia de género, algo que, sin embargo, sigue sin tener en cuenta el Ministerio de Fomento a la hora de distribuir sus ayudas.
A partir de ahora, en el acceso a la compra de una VPO en la provincia de Alicante, además de cumplir los requisitos establecidos, Vivienda dará prioridad a determinados colectivos como los casos de violencia de género, personas afectadas por un desahucio, con una discapacidad igual o superior al 65%, aquellos que tengan menores a su cargo, a los compradores que residan en inmuebles con barreras arquitectónicas no subsanables, que pagar el alquiler les suponga más del 25% de los ingresos de la unidad familiar o a jóvenes de menores de 35 años. Además, la Generalitat reservará el 3% de les viviendas protegidas disponibles para hacer frente a situaciones de especial emergencia.
«Desde la Generalitat hemos defendido siempre que el programa de ayudas a la compra de viviendas debe ir dirigido a las protegidas, ya que en nuestra Comunidad existe gran cantidad de reserva de suelo para construir VPO y porque creemos que es la principal medida para combatir la especulación y no volver a caer en las ayudas a las entidades que pueden beneficiarse indirectamente de esta medida para deshacerse del stock de viviendas que tienen», sostiene Rebeca Torró, directora general de Vivienda.
El Consell lamenta, sin embargo, que el borrador del plan estatal no haya incluido una propuesta de la Conselleria, que planteaba pagar la hipoteca de aquellas familias que, por determinadas circunstancias, no pueden hacer frente al pago de la misma y pueden llegar a perder su vivienda. En este asunto, Fomento propone ofrecer una vivienda del Fondo de Viviendas para el Alquiler Social que ya existe, «pero que no está dando una solución completa a los miles de casos de desahucios que existen en España y que, finalmente, no evitan que las familias pierdan su casa», según Torró.
Otra de las alegaciones que el Gobierno central no ha tenido en cuenta ha sido la que hacía referencia a la subsidiación de préstamos conveniados. La Generalitat pedía que la aplicación de este derecho se aplicara tanto al Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 como a planes anteriores. Esta alegación no ha sido tenida en cuenta, lo que provocará que «miles de familias se queden sin recuperar los derechos inicialmente reconocidos en el momento de adquirir sus viviendas», subraya Rebeca Torró.
En los dos últimos años se ha conseguido una ocupación del 70% de viviendas protegidas en alquiler, con 747 viviendas alquiladas, al lograr alquilar más de 150 que había vacías al inicio de la legislatura. Además, también se han movilizado las viviendas que estaban en venta, al vender 142 de 373 que no estaban ocupadas, lo que representa un 38% de las casas vacías en julio de 2015». En la provincia, de las 119 viviendas de VPO de la Generalitat que había vacías se han vendido 59, casi el 50% y en alquiler había 231 y se han alquilado 68, casi el 30%.
La inactividad de los últimos años provocó que un alto porcentaje de estas VPO propiedad del Consell estuvieran vacías. De las 1.442 viviendas gestionadas en la Comunidad, en julio de 2015, 373 estaban en venta y 1.069 en alquiler, estas últimas con una desocupación del 45%. Los motivos eran, principalmente, la mala ubicación de algunas promociones, alejadas del casco urbano, y unos precios inaccesibles para las personas a las que iban destinadas porque se realizaron en un marco de una política dedicada a la especulación, según el Consell.
Ante esta situación, la Generalitat adoptó una serie de medidas que han hecho posible la ocupación gradual de las viviendas protegidas en estos dos últimos años, entre las que se encuentran el Plan para la Ocupación de Viviendas en venta que incluye dos acciones: la adaptación de los precios de las viviendas al mercado y la modificación del régimen de uso que ha sido fundamental para impulsar la ocupación, ya que viviendas que antes solo se ofrecían en venta, ahora también se ofrecen en alquiler con opción a compra. En este sentido, destaca el caso de Orihuela, donde se han vendido 59 viviendas de las 63 existentes.
El Consell del PP dio en 2013, hace ahora cuatro años, el hachazo definitivo a la promoción de viviendas protegidas al eximir a los ayuntamientos de planificar parcelas para VPO en sus desarrollos urbanísticos, siempre que justificaran que el porcentaje de pisos sin vender superara el 15% de total previsto en el planeamiento, algo que se cumplía en el 90% de los municipios donde se construye este tipo de viviendas en la Comunidad Valenciana.
Trece municipios
La ley estatal del suelo, que data de 2008, estableció una reserva obligatoria del 30% del suelo para VPO en los nuevos desarrollos urbanísticos excepto en los municipios de menos de 10.000 habitantes con actuaciones residenciales de menos de 100 viviendas. El Consell, para evitar que este porcentaje se aplicara de forma automática a los municipios aprobó en junio de 2008 un decreto ley por la que limitó la obligación a las ciudades con más de 50.000 habitantes, con lo que sólo entró en vigor en 13 municipios. En la provincia fueron Alicante, Elche, Orihuela, Torrevieja, Benidorm, Alcoy y Elda. El resto se rigen por porcentajes que van del 40% al 10%.
El primer golpe para al defunción de la VPO lo había dado meses atrás el Gobierno central, que aprovechando la reforma de la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas, suprimió las ayudas que concedía a los propietarios para el pago de la cuota del préstamo hipotecario. Un recorte que atrapó a 20.234 familias en Alicante, un 11% del total de España, el más alto, ya que la provincia es, junto a València, la que compraba más pisos de protección oficial.
La eliminación de las subvenciones a la subsidiación del crédito hipotecario -entre 90 y 200 euros mensuales- era la única ayuda que se había salvado de los sucesivos tajos dados por Fomento y el Consell a la adquisición de la VPO, un producto inmobiliario clave en tiempos de crisis y al que, no obstante, también se llevó por delante el «tsunami» posterior a la explosión de la burbuja inmobiliaria.
