Los regantes del Tajo-Segura no pierden la esperanza y esta semana tienen previsto reunirse con sus homólogos de la Acequia Real del Júcar para tratar de buscar una solución a la falta de agua por el cierre del trasvase. «Estamos en un situación de precariedad absoluta y nos consta que en los embalse de Bellús y Tous existe una reserva de 22 hm³ que en las próximas semanas se tendrán que verter al mar debido a que la ley de prevención de las riadas del otoño obliga a desembalsar agua para mantener un nivel de seguridad. Ese es el caudal que reclamamos», anunció ayer José Andújar, vicepresidente del Acueducto Tajo-Segura y presidente de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana.

El descenso de las reservas de agua en la cuenca del Júcar amenaza, sin embargo, con bloquear una de las últimas opciones que les quedan a los regantes del trasvase Tajo-Segura para obtener la cesión de unos 22 hm³ de caudal de la Acequia Real del Júcar, algo que llevan negociando desde hace dos meses y que sigue parado porque, además, la cesión pondría en un brete al propio Ministerio de Agricultura, que sólo tiene previsto trasvasar este año 15 hm³ al Vinalopó y mantiene bloqueado el convenio de este trasvase.

Una transferencia de caudales al Segura desde el Júcar dejaría sin argumentos al Gobierno y a la propia Acequia Real, que, por otro lado, anteayer recibió un nueva inyección de 50 millones de euros para modernizar sus sistemas de riego. Mano abierta del mismo Ministerio que lleva ya cinco años sin reparar el embalse de San Diego, destinado a regular el agua del Júcar que llega a la provincia.

La falta de agua para riego en la provincia de Alicante, dada la delicada situación de la cabecera del Tajo, ha llevado a los agricultores que reciben los caudales del trasvase a buscar recursos de forma desesperada y, paradójicamente, en mayo iniciaron una negociación con la valenciana Acequia Real del Júcar, pese a que la cuenca, que tradicionalmente se ha negado a dar agua de calidad a Alicante (Júcar-Vinalopó), tampoco atraviesa por su mejor momento.

El momento es muy delicado porque no se puede recurrir a las comunidades de regantes de Castilla-La Mancha (si cedieran agua les quitarían la ayudas de la PAC) y las tres pequeñas de Madrid sólo garantizan el envío de 8 hm³.

El avance de la sequía en la cuenca alta del Tajo ha puesto a los agricultores en una situación límite ante la falta de agua para afrontar en condiciones la temporada de verano y el resto de este año en el que será difícil que pueda volver a derivarse una sola gota desde el Tajo, a no ser que se produzca una autorización extraordinaria del propio presidente Mariano Rajoy.

Los regantes necesitarían un caudal mínimo de 150 hm³ hasta final de año y a día de hoy solo tienen garantizados los 21 hm³ de la desaladora de Torrevieja, y 25 hm³ de los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra, y sigue sin recibirse ha autorización para la compra de 8 hm³ a la comunidad madrileña de Estremera. En el sector comienza a hablarse de movilizaciones si el Ministerio de Agricultura continúa sin mover ficha y no activa, por ejemplo, la cláusula del Memorándum del Tajo para liberalizar el mercado del agua o, lo que es lo mismo, que los agricultores puedan comprar caudales en otras cuencas sin esperar a recibir la autorización oficial. Un panorama desolador que contrasta con la situación de los regadíos tradicionales del Segura, que no van a tener problemas tras el invierno lluvioso en la cuenca.

El Ministerio de Agricultura ha recortado desde 2016 casi a la mitad el envío de agua de Tajo a la provincia en plena sequía al pasar de los 38 hm3 mensuales que hubieran correspondido con las antiguas normas de explotación, en vigor hasta el pasado octubre, a los apenas 7,5 hm3 que se aprobaron en el último trasvase de mayo.

Alicante se juega más de mil millones de euros al año (casi 167.000 millones de las antiguas pesetas) de la producción hortofrutícola que depende del trasvase. El agua del Tajo es irrenunciable y no se puede sustituir por la desalada, ocho veces más cara. En concreto, Alicante exporta todos los meses a Europa, norte de África toneladas de frutas y verduras, cereales, azúcar, café, cacao, carne, lácteos, huevos, carne, semillas y frutos oleaginosos, piensos y hasta tabaco, imposibles de producir sin el agua del Tajo. La facturación mensual de la exportaciones oscila entre los 85 y los 90 millones de euros.

La macroplanta de Torrevieja solo produce entre 20 y 25 hm3 y al margen de esta posibilidad solo quedan los pozos de sequía de Calasparra. Los que peor lo tienen son los agricultores, ya que por ley lo primero que se garantiza es el suministro de agua para la ciudades. Muchas comunidades de regantes están negociando por su parte la compra de agua a agricultores de Madrid y del Júcar, únicas cuencas que tienen conexión con la provincia.

El último precedente de un trasvase del Tajo con las reservas agotadas hay que buscarlo en 1995, cuando el gobierno socialista de Felipe González aprobó la llegada de un riego extraordinario saltándose la ley. Entonces no había ni desaladoras. Mientras, la falta de infraestructura de transporte Marina Baixa-Vega Baja provoca el vertido diario de miles de litros al mar.

Voluntad política

«No hay ningún tipo de voluntad política desde el Ministerio de Agricultura porque agua hay en el Júcar pese a la sequía. Nos hace gracia que la ministra Tejerina se dedique a visitar regadíos que no tienen problemas en València y a los agricultores de Alicante casi ni nos reciba», subrayó ayer Ángel Urbina, portavoz de la Federación de Comunidades de Regantes de la provincia de Alicante. «La cosa es tan sencilla como aprovechar los 22 hm³ que hay en el embalse de Bellús, que nos los tienen adjudicados al Vinalopó pero no pueden llegar por falta de tubería, y llevarlos al Segura con una compensación en el embalse de Alarcón. Así de sencillo pero el Ministerio ha preferido mirar a otro lado y visitar regadíos con agua».