La sala de vistas del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante acogió ayer la vista oral, previa a la sentencia judicial, tras la denuncia presentada por el PP contra el tripartito de Alicante por «falta de transparencia», al no responder en tiempo a la solicitud de información requerida durante este mandato.
La fiscal señaló que, a su juicio, el Ayuntamiento de Alicante «ha vulnerado los derechos fundamentales» de los populares ante la «falta de contestación» a la petición de información solicitada desde el principal grupo de la oposición, que ascendió a una treintena de expedientes. La fiscal insistió ayer en que el tripartito llegó a tardar «año y medio» en responder al PP, pese a que el reglamento municipal exige que la información se suministre en un plazo máximo de cinco días. «Se cumplieron los plazos cuando existía la amenaza del recurso. La información debió suministrarse mucho antes», apuntó ayer la fiscal, quien admitió por otro lado que «una vez presentado el recurso, la demora no fue excesiva».
A la vista celebrada ayer en los juzgados de Benalúa acudieron los representantes legales de las dos partes. El abogado del PP defendió la procedencia de la denuncia presentada contra el tripartito, asegurando que el equipo de gobierno «ha vulnerado el acceso al derecho a la información» del PP y alegando que acudir a la justicia fue el último recurso del grupo popular tras presentar en el Ayuntamiento «escritos y requerimientos» para exigir que se facilitase la información requerida. «No hay duda de que no había otra solución que acudir a la vía judicial. La información fue entregada después de interponer el recurso, por lo que pedimos que se reconozca que el Ayuntamiento no actuó según derecho», apuntó el abogado del PP, quien subrayó que el tripartito «no tomó en serio» a los populares hasta que no acudieron a la justicia.
«No era urgente»
Por su parte, el representante legal del Ayuntamiento negó que se vulnerasen los derechos fundamentales de los populares, alegando que «la solicitud de información no es un automatismo», ya que se «trataba de 33 solicitudes de distinta complejidad». La solicitud, según adujo, «exigía un proceso de análisis y un tiempo para recabar la información». Para el abogado del Ayuntamiento, «no existió denegación de la información, tampoco inactividad, sólo existió un tránsito razonable». A su vez, el defensor del Ayuntamiento insistió en que en la petición de información del PP «no constaba urgencia», además de recalcar que «la solicitud era errónea en muchos casos porque se había remitido a una área [concejalía] que no correspondía». El Ayuntamiento, en voz de su representante legal, subrayó que «[el PP] debió afinar más» y calificó de «temeridad y de mala fe» la denuncia contra el tripartito.
Escuchadas las dos partes y al Ministerio Fiscal, la magistrada del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 dio por concluida la vista. La sentencia, según fuentes judiciales, se hará pública la próxima semana.
Finalizado el acto, el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, afirmó a través de un comunicado que el «tripartito que venía con la bandera de la transparencia empieza a ser desenmascarado».
