El informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante sobre el Catálogo de Protecciones, solicitado por el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, a instancias de la tránsfuga Nerea Belmonte y del edil de Urbanismo y vicealcalde, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), deja en el aire la posible responsabilidad patrimonial de los concejales que aprobasen el documento del que, según Pavón, depende la protección de unos 300 edificios de la ciudad.

El informe de los abogados municipales, al que ha tenido acceso este diario, explica que la responsabilidad de la administración es «directa», ya que el «particular no puede demandar a la autoridad [en referencia a los concejales que votasen a favor del Catálogo] causante del daño o productor del acto normativo, puesto que el pronunciamiento de la sentencia que se dicte tiene incidencia inicialmente sólo para la administración y el particular». El escrito continúa que «el perjudicado debe dirigir su acción frente a la administración (el Ayuntamiento, en este caso), que es la responsable frente al ciudadano.

Sin embargo, el informe de los servicios jurídicos hace una salvedad que abre la puerta a que los concejales pudieran tener alguna responsabilidad patrimonial en el caso de que afectados por el Catálogo demanden al Ayuntamiento, tal y como ya amenazaron unos promotores, que anunciaron a través de tres escritos registrados en el Ayuntamiento de Alicante que reclamarían 140 millones de euros si se protegían unos terrenos en la zona de El Pino-Ruaya [entre Vistahermosa y Santa Faz], incluidos inicialmente en el Catálogo promovido por la Concejalía de Urbanismo. El informe de los servicios jurídicos municipales subraya que la autoridad, en alusión a los concejales, «sólo responderá [con su patrimonio] siempre que concurran en su actuación determinadas circunstancias, como son que la conducta de los servidores públicos hubiera sido dolosa o por culpa o negligencias graves», unos requisitos que, a juicio de los abogados del Ayuntamiento, «deberán ser determinados a través del correspondiente procedimiento administrativo». Y ahí se quedan.

Es decir, los servicios jurídicos concluyen que la administración es la responsable «directa» de cualquier reclamación de los afectados por la aprobación del Catálogo, pero no cierran la puerta a una posible responsabilidad patrimonial, por la vía administrativa, de los concejales que pudieran aprobar el documento que rechazó el pleno el pasado mes de mayo, con los votos en contra de toda la oposición en bloque. Belmonte fue la única que en esa sesión plenaria se abrió a cambiar el signo de su voto si el Ayuntamiento, a través de informes solicitados a los servicios jurídicos y a la Concejalía de Urbanismo, pudiera descartar la responsabilidad patrimonial de los concejales que con su voto a favor permitiesen la aprobación provisional de un documento cuyo visto bueno definitivo depende de la Generalitat.

Tras la negativa del pleno a dar luz verde al Catálogo por temor a las posibles indemnizaciones millonarias, unos 300 edificios de la ciudad se han quedado sin ningún tipo de protección, ya que el Consell ha condicionado la suspensión de licencias a que el tripartito logre el visto bueno del pleno. Si en el próximo mes y medio el Ayuntamiento no saca adelante el documento, Urbanismo se verá obligado a conceder las primeras licencias de derribo solicitadas. Entre ellas, la de una promotora que ha pedido permiso para demoler un edificio protegido en la avenida Pérez Galdós.