La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas pondrá a prueba el próximo 1 de julio su capacidad para celebrar, por primera vez en la historia, un examen para cerca de 18.000 personas que aspiran a formar parte de bolsas de empleo de la Generalitat. Las pruebas, entre 30 y 40 preguntas tipo test de un temario sobre leyes, no dan derecho a ser personal funcionario, pero sí a ser llamado en algún momento en calidad de interino, una puerta falsa de acceso consecuencia de la paralización durante años de las ofertas de empleo público. El macroexamen es una prueba de fuego para la Dirección General de Función Pública. Uno de los retos es evitar que haya filtraciones, aunque según explican Carrasco y Aguilar, no es el más difícil. Ellos serán en este caso los encargados de elaborar el examen y quienes se preparan ya para pasar una noche en vela viendo salir fotocopias de una máquina. Madrugarán ese día, junto con otros funcionarios asignados a Alicante y Castellón, para custodiar las cajas con los exámenes en dirección al lugar de la prueba. En València se ocuparán varios aularios de la Politécnica.
En general, necesitarán más de 70 voluntarios (personal de la casa) para vigilar a los aspirantes. No es una oposición ni una plaza para toda la vida lo que está en juego, pero sí una oportunidad y, por experiencia propia, saben que hay muchas susceptibilidades entre los aspirantes cuyos exámenes son anónimos en el momento de la corrección: «Acercarte a alguien para resolverle una duda puede ser interpretado como que le estás ayudando», indica. Y es que también la cadena de custodia se extiende en el momento del prueba. Si alguien tiene que ir al baño, deben acompañarle y, por su puesto, los dispositivos móviles están prohibidos.
