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La Eurocámara insta a regular el alojamiento sumergido

El Parlamento Europeo exige a la Comisión que apruebe medidas para favorecer a la oferta reglada

Vista de Benidorm, uno de los municipios de la Costa Blanca donde mayor es la presión del alojamiento sumergido sobre la oferta reglada de hoteles y apartamentos. david revenga

El Parlamento Europeo ha aprobado esta semana una resolución por 510 votos a favor, 60 en contra y 48 abstenciones, en la que insta a la Comisión Europea a que apruebe medidas para regular el alojamiento turístico que escapa al control de la Administración bajo el paraguas de la mal llamada, según los hoteleros, «economía colaborativa», básicamente plataformas online que ofrecen apartamentos en alquiler con total opacidad. La decisión no es vinculante pero el Parlamento reclama a la UE que debe beneficiarse de una práctica que utilizan el 17% de los residentes en la UE en sus viajes de vacaciones.

La resolución se basa en cinco puntos e incide en el tema de la fiscalidad. El Parlamento reclama, en este sentido, que se apliquen obligaciones fiscales similares a las de negocios que ofrecen servicios comparables, ya sea en la economía tradicional o en la economía colaborativa. La Eurocámara aboga por soluciones innovadoras para mejorar el cumplimiento de la obligaciones fiscales y pide colaboración a las plataformas.

La Eurocámara exige que se distinga entre proveedores individuales y profesionales, y pide que se respeten los derechos de los consumidores en el sentido de que deben estar informados de las reglas aplicables a cada transacción y sus derechos. «Las plataformas colaborativas deben aplicar sistemas efectivos para canalizar las quejas y la resolución de los problemas». El Parlamento pide que la Comisión Europea clarifique la responsabilidad de las plataformas colaborativas.

Para Juan Molas, presidente de la Confederación Española de Alojamiento Turístico, el paso adelante del Parlamento Europeo es «una satisfacción personal comprobar que, tras casi 4 años pidiendo a las autoridades y a los legisladores nivelar el terreno de juego, el Parlamento Europeo, por inmensa mayoría, recoge las peticiones de los sectores afectados. Ante esta declaración, ha llegado el momento en que las autoridades nacionales y ministerios implicados (Turismo, Fomento, Interior, Empleo, Hacienda?) dejen la actual postura de inactividad y pongan medidas en marcha para evitar las peligrosas externalidades negativas que se están produciendo».

El crecimiento descontrolado del alojamiento turístico sumergido en la Comunidad Valenciana (80% en la Costa Blanca), con 127.345 pisos nuevos en el mercado del alquiler en los últimos cuatro años -509.380 plazas- en los diez municipios turísticos más importantes, ha comenzado a provocar, incluso, un sentimiento de rechazo de los vecinos hacia esos inquilinos de paso que, poco a poco, van cambiando, no solo el entorno social de los centros urbanos, sino también el económico en forma de precios disparados y adaptación de comercios y locales a los gustos de unos turistas que, además, suponen una competencia desleal para la oferta reglada.

Multas insuficientes

La Agencia Valenciana de Turismo ha resuelto en los últimos meses con multas seis de los siete expedientes abiertos a diversas plataformas «online» de alquiler de apartamentos en Internet, con sanciones por valor de 120.000 euros. El motivo es que las plataformas comercializaban viviendas como turísticas sin estar registradas oficialmente, lo que se considera una falta grave en la Ley del Turismo. El Consell ha decidido ser implacable y anuncia que en la nueva legislación la multa por el mismo motivo ascenderá a 600.000 euros.

Tres de las grandes plataformas comercializadoras «online» han recibido la sanción máxima que permite la ley actual: 30.000 euros cada una de ellas. Cantidades que, no obstante, pueden parecer irrisorias para estos gigantes, y que ahora el Consell quiere atajar como lo demuestra el que la futura Ley del Turismo va a aumentar el importe de la sanción máxima hasta los 600.000 euros.

En concreto, las plataformas Homeaway, Airbnb y Rentalia deberán abonar un total de 30.000 euros de multa cada una por no exigir y reflejar el número de registro que acredita que las viviendas que se anuncian en sus páginas web son turísticas. En 2016 se abrieron siete expedientes a las plataformas Homeaway, Milanuncios, Niumba, Airbnb, Fotoalquiler, Rentalia y Ya encontre-Ya Hetrobat. Hoteleros y gestores de apartamentos reglados exigen más mano dura.

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