Setenta hectómetros de los 160 hm³ que, como mínimo, necesita la provincia de Alicante en general y su potente sector hortofrutícola en particular, para afrontar los seis meses que quedan para cerrar un año en el que ya son historia las lluvias del invierno pasado, y menos mal que llovió. Este es el caudal que el Gobierno ha logrado conseguir, in extremis y tras quemar el penúltimo cartucho (los pozos de sequía de Calasparra), para garantizar el suministro de agua a la provincia de Alicante sólo hasta primeros de octubre.
Quedan todavía por conseguir unos 20 hm³, los últimos disponibles en unos pozos de la Vega Media del Segura. No hay más y, lo que es peor, Alicante y Murcia, que en cuestiones de déficit hídrico van de la mano, se preparan para vivir un verano abrasador, con calor, con el mar a 28 grados y sin rastro de las lluvias que pudieran aliviar una situación que ha vuelto a pillar, una vez más, a la Administración sin hacer los deberes, pese a que el problema se veía venir desde hace tres años. Advertencias las hubo, sobre todo desde el Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante, la única institución que se atrevió a cuestionar la redacción del famoso «memorándum» del Tajo, bendecido por el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (parece mentira que llegara a ser vecino de Santa Pola y no parezca ser consciente del problema del agua), pero que a la postre no ha hecho otra cosa que certificar, en la práctica, el cierre del trasvase Tajo-Segura. La infraestructura que iba a blindarse desde el punto de vista jurídico, según nos contaron, pese a que se elevara a los 400 hm3 la reserva a partir de la cual no hay transferencia. Cifra, plasmada negro sobre blanco, que pasa ahora su factura.
El trasvase lleva dos meses cerrado, los agricultores viven de unos recursos cada día más esquilmados y mirando todos los días al cielo, ya que a Torrevieja no se puede mirar, porque la macroplanta en la que se invirtieron 350 millones de euros de los que manejaba la hoy de vuelta Cristina Narbona para desalar 80 hm³ al año, sólo produce 21 hm³, la cuarta parte.
Ni al PSOE que la diseñó, ni al PP que la construyó tras haberla bautizado primero como central nuclear del mar ( González Pons dixit), se les cae la cara de vergüenza y resto de los nuevos partidos, hoy con responsabilidad de gobierno, piensan más en plantar chumberas que en poner los medios para mantener la potente agricultura mediterránea, donde el sol permite hasta tres cosechas al año de ciertos cultivos.
Tampoco se puede pensar en el Júcar. Otros 400 hm³ en obras para hacer un trasvase, el Júcar.-Vinalopó, que sólo envía 15 hm³ de agua al año, de más que cuestionada calidad y que no llega ni a la mitad de los municipios que tenía que atender.
¿Qué ha hecho Alicante para sufrir este calvario? ¿Ser la cuarta provincia de España? ¿Ser la Florida europea para veinte millones de turistas al año, incluidos los de Valencia y Castellón? ¿Ser una provincia obediente? Cierto es que, de momento, se abre el grifo y no falta el agua pero ¿alguien se ha puesto a pensar en el coste que ello supone? .
Para ver el económico solo hace falta echar un vistazo al recibo del agua, y el ambiental poco parece importar a la Administración pese que en muchos de los acuíferos, con declaración oficial de sobreexplotación, desde hace más de 30 años, se extrae ya el agua que bebemos, con la que cocinamos y con la que nos duchamos a 500 metros de profundidad.
El Gobierno, a través del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, ha admitido por primera vez esta semana que el problema es grave porque solo se pueden garantizar los suministros hasta el 30 de septiembre y, por primera vez, también se ha alertado de que los primeros en sufrir los recortes serán los agricultores. Cien mil familias viven de la industria hortofrutícola en la provincia de Alicante y sin agua no hay cosecha. Ciento treinta mil hectáreas de cultivos han desaparecido en los últimos 15 años.
A la Administración. A la actual, a la anterior, a la popular, a la socialista y a la que venga, el problema del agua en la provincia de Alicante sólo le interesa cada cuatro años, cuando hay que pasar por las urnas. En el periodo intermedio nada, y menos si se trata de Alicante, una provincia que a veces parece que siga pagando el pato de haber sido uno de los últimos bastiones republicanos y eso que han pasado ya casi 90 años de gobiernos más y menos afines a Manuel Azaña, entre otros presidentes republicanos.
El Tajo-Segura está condenado al cierre, el Júcar-Vinalopó actual no se puede considerar ni trasvase, del Ebro ya nadie habla pese a que el río -este verano en crisis pero volverá a desbordarse el próximo invierno- siga trasvasando agua a Bilbao y Santander, y tampoco hay voluntad de ordenar el Tajo, arteria fluvial que de España lleva 9.000 hm³ al año a Portugal. Hasta los expertos más convencidos de las bondades de la desalación admiten que su recurso es complementario y no finalista, lo mismo que la reutilización de las aguas depuradas. Los padres de la patria contemplan todo con lágrimas de cocodrilo.
¿La solución? Cuando abramos el grifo y salgan arañas. Hasta entonces todavía habrá gente que piense que Alicante exagera. Tiempo al tiempo porque al final todo llega.
