La consellera de Vivienda, María José Salvador, anunció ayer los nuevos criterios que regirán la venta de las viviendas de protección oficial del Consell. En los dos últimos años se ha conseguido una ocupación del 70% de viviendas protegidas en alquiler, con 747 viviendas, al lograr alquilar más de 150 que había vacías al inicio de la legislatura. Además, también se han movilizado los pisos que estaban a la venta, al colocar142 de los 373 que no estaban habitados, lo que representa un 38% de las viviendas vacías en julio de 2015. En la provincia de Alicante de las 119 viviendas de VPO de la Generalitat que había vacías se han vendido 59, casi el 50% y en alquiler había 231 y se han alquilado 68.

María José Salvador explicó que se ha adaptado la adjudicación de las VPO a la nueva Ley por la Función Social de la Vivienda con la aprobación de criterios sociales que benefician a los jóvenes menores de 35 años así como a las personas que han perdido su casa en un desahucio o han sufrido violencia de género.

Para acceder a una VPO, además de cumplir los requisitos establecidos, se priorizará a determinados colectivos como los casos de violencia de género, personas afectadas por un desahucio, con una discapacidad igual o superior al 65%, aquellos que tengan menores a su cargo, los que residan en inmuebles con barreras arquitectónicas no subsanables, o que pagar el alquiler suponga más del 25% de los ingresos de la unidad familiar o jóvenes de menores de 35 años. Además, la Generalitat reservará el 3% de les viviendas protegidas disponibles para hacer frente a situaciones de especial emergencia.

Salvador comentó que además de la gestión del parque público de viviendas para aquellas familias con más dificultades económicas, la Conselleria también debe atender a otros segmentos de la población que tienen dificultades para acceder a una vivienda, pero que no se encuentran en situaciones tan precarias como los residentes de las viviendas sociales.

Por otra parte, la consellera asveró que el trabajo para garantizar el derecho a la vivienda «no sólo debe hacerse desde la administración autonómica, sino también desde el gobierno central». Por eso ha pedido al Ministerio que no recurra la Ley por la Función Social de la Vivienda, «que nos dejen legislar a aquellas autonomías que hemos dado el paso y trabajen en una verdadera Ley de Segunda Oportunidad», indicó Salvador., quien ya ha presentado alegaciones al plan estatal reclamando más ayudas para los jóvenes.