La dimensión de la pobreza en la provincia de Alicante sigue siendo inasumible, por mucho que las cifras macroeconómicas se empeñen en decir lo contrario. Así lo demuestra el hecho de que más de 69.000 alicantinos necesitan de los recursos de Cáritas para poder vivir, según se desprende de la memoria de la entidad diocesana correspondiente a 2016. Estas cifras suponen que el 4% de la población de la provincia, una de cada 25, recurre a Cáritas, dado que la entida interviene sobre una población de 1.602.00 personas. El norte de la provincia depende de la diócesis de Valencia.
El pasado 2016 fue un año en el que si bien la cifra de personas atendidas en la provincia disminuyó en 6.800, Cáritas tuvo que aumentar el presupuesto para poder hacer frente a las necesidades, cada vez más acuciantes, de 69.180 personas. Subsidios que se acaban, ahorros que se terminan y redes familiares que se agotan tras tantos años de crisis. «La gente lo está pasando cada vez peor, pese a que en los últimos años las cifras de parados está bajando», señaló ayer Jaime Pérez, presidente de Cáritas en la provincia de Alicante.
De esta forma, la entidad diocesana aumentó el año pasado en 200.000 euros el presupuesto para hacer frente a las necesidades de las personas pobres con las que trabaja. En total, se destinaron 4,8 millones de uros. Y es que si al principio de la crisis se solicitaba sobre todo comida y ropa, con el paso de los años y el recrudecimiento del problema, las familias necesitan ayuda para pagar también el alquiler, los libros de los niños o los recibos de electricidad, gas y agua.
Unos fondos con los que voluntarios y trabajadores de Cáritas tienen que hacer malabarismos para poder dar respuesta a tanta necesidad. «Nos vemos incapaces de llegar a todo lo queremos», lamenta el presidente de la entidad diocesana. Cáritas estima que para poder cubrir de una manera aceptable las necesidades de todas las personas que llaman a su puerta «serían necesarios unos ocho millones de euros». El grueso de estos 4,8 millones fue para programas de acogida, atención primaria y acompañamiento.
La mayor parte del dinero que el año pasado destinó Cáritas a ayudar a los más necesitados llegó de colectas, donaciones y otros recursos propios, ya que las aportaciones de las administraciones han ido disminuyendo en los últimos años y actualmente representan el 25% de los fondos de la entidad. Antes de la crisis suponían el 34%.
Barrios vulnerables
Precisamente las administraciones son objeto de crítica por parte de los responsables de Cáritas, que alertan de la situación de colapso que sufren los servicios sociales de buena parte de la provincia para atender a las familias pobres, especialmente en algunos barrios vulnerables de la ciudad de Alicante. «Se están dando citas con tres y cuatro meses de retraso para atender a personas que lo están pasando mal y eso no puede ser», lamenta Jaime Pérez.
Por contra, el presidente de Cáritas destaca algunos avances en sus peticiones al Gobierno, que hace unos años se plasmaron en un documento de diez puntos suscrito por Cáritas España. «El salario mínimo interprofesional ha aumentado levemente y la dación en pago parece que va camino de convertirse en una realidad». No obstante, «aún estamos esperando un pacto por la vivienda y la economía social y que se destine el 0,7% a cooperación internacional».
Refugiados
Jaime Pérez pide además una mayor tolerancia hacia las personas refugiadas que llegan a Europa. «Hay que contemplarlos como a hermanos que vienen aquí huyendo de sus países y que no están aquí por gusto».
La parte más positiva de este último año sigue siendo la gran solidaridad que mueve a los alicantinos. Y es que en 2016 el número de voluntarios ha aumentado un 10% y ya colaboran con Cáritas 2.300 personas, sobre todo mujeres.
La presentación ayer del informe de Cáritas contó con la presencia del obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui, quien pidió «que ante la pobreza no se baje la guardia, porque a veces parece que nos acostumbramos a este tipo de situaciones».
