El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha decidido devolver al Ayuntamiento de Alicante el expediente relativo a la tramitación de unos 25 contratos menores en la Concejalía de Comercio por un defecto de forma en el envío de la documentación. En el pleno que se celebró ayer miércoles, el órgano autonómico comprobó que el tripartito había enviado los contratos en un sólo expediente, cuando cada "asunto" debe remitirse en un expediente por separado, según han confirmado a este diario fuentes del Consell Jurídic. Esta decisión imposibilita, por ahora, que el CJC "entre en el fondo de la cuestión", es decir, en dictaminar si se acepta la nulidad del proceso en el que se gestionaron contratos por un total de unos 190.000 euros, tal y como alertó el interventor municipal. El Ayuntamiento, según las mismas fuentes, recibirá el dictamen en un plazo de unos tres o cuatro días.

El tripartito, en una decisión tomada en la primera Junta de Gobierno local del pasado mes de abril, elevó al Consell Jurídic Consultiu los contratos menores después de advertir el interventor posibles irregularidades en la tramitación. En esa reunión del equipo de gobierno se inició un expediente de declaración de nulidad de los citados procedimientos de contratación, y a la vez se aprobó un reconocimiento extrajudicial de créditos relativo a gastos del pasado año 2016 del área de Comercio para garantizar el pago de los casi 190.000 euros.

El interventor, según un informe incluido en el expediente, puso "reparos" a la adjudicación de servicios en la organización de la Gala del Comercio, en las campañas en mercados municipales y en campañas de publicidad en medios. La contratación de estos servicios enfrentó el criterio del interventor con la valoración de los servicios jurídicos del Ayuntamiento.

La polémica surgida en la Concejalía de Comercio, por entonces dirigida por el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha acabado por ahora en la Fiscalía Anticorrupción, después de que el PP denunciara el posible fraccionamiento de contratos y la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte del regidor. Tras conocerse que el fiscal había abierto la investigación, Echávarri se ofreció a declarar de manera voluntaria para agilizar el proceso en los tribunales.

Por otra parte, Ciudadanos decidió promover una comisión de investigación, que por ahora está en el aire, ya que en la primera sesión se impugnó por la negativa del alcalde a que hubiera dos ediles por grupos y a las dificultades que puso para que fuera de acceso público. Este próximo viernes, un mes después de que Cs presentara el recurso de reposición, se acaba el plazo para que el Ayuntamiento conteste al escrito. La formación que lidera Yaneth Giraldo ya ha anunciado que si no se reanuda la comisión irá a los tribunales, pero para denunciar a Echávarri por el posible fraccionamiento de contratos.

Desde que el tripartito elevó el expediente al Consell Jurídic, el regidor socialista ha tenido tiempo para renunciar a sus competencias en el área de Comercio, que ahora están en manos de la también socialista Gloria Vara, que en sus primeros días se deshizo del jefe de servicio de Comercio, Diego Agulló, que también alertó de las posibles irregularidades en la tramitación de los contratos.