Una promotora inmobiliaria pidió ayer licencia municipal para intervenir sobre un edificio recogido en el Catálogo de Protecciones que el pleno municipal tumbó el pasado mes de mayo con el voto en contra de toda la oposición.
La decisión de la Generalitat de condicionar la suspensión de licencias solicitada por el tripartito -cuya última prórroga caducó el pasado sábado- a que el Ayuntamiento apruebe el documento permite que los propietarios de los edificios incluidos en el Catálogo pendiente de aprobación puedan pedir permiso desde ayer para demoler o actuar sin respetar los elementos que se preveían proteger.
Así ha sucedido, según confirmaron ayer fuentes municipales, en un edificio situado en la calle José María Py, esquina con la avenida Benito Pérez Galdós. El inmueble, sobre el que ya se proyecta la construcción de viviendas, está incluido en el Catálogo de Protecciones. Según la ficha, se trata de un «sencillo edificio de viviendas de planta baja y dos pisos, con su volumetría original perfectamente conservada, en la que destacan el chaflán en curva y los remates de los balcones, también en curva, situándolo en el momento de transición de las arquitecturas tradicionales de principios del siglo XX a las del principio de la modernidad, en las que los estrechos huecos en fachada comienzan a convertirse en rasgaduras, y comienzan a desaparecer los elementos de ornamentación populares». Según su descripción en el Catálogo, del inmueble, construido en el año 1948, «destaca la compartimentación de sus carpinterías y persianas de madera en estrechas franjas verticales moduladas, sus balcones abiertos configurando miradores partiendo del eje de simetría del chaflán, y las rejerías originales levemente ornamentadas configurando las barandillas. El Catálogo de Protecciones buscaba que el edificio conservase la volumetría, fachada, balcones, cerrajería, carpintería, cornisa, puertas de acceso y el zócalo, entre otros elementos.
Este diario intentó ayer contactar, sin éxito, con la promotora que ha pedido licencia al Ayuntamiento para intervenir sobre un edificio que desde el sábado ha dejado de estar protegido tras la decisión del Consell de no suspender las licencias hasta que el pleno apruebe el Catálogo.
El documento sigue sobre la mesa de Pavón, a la espera de que los técnicos de Urbanismo elaboren los dos informes solicitados por la tránsfuga Nerea Belmonte, la única concejala de la oposición que se mostró abierta a cambiar el signo de su voto. Para ello, eso sí, Belmonte pidió tres informes (uno de ellos a los servicios jurídicos del Ayuntamiento que será el que más se dilate en el tiempo) que descarten la responsabilidad patrimonial de los concejales en caso de que algún promotor reclame al Ayuntamiento un indemnización por la protección de suelo que, según la oposición, se incluye en el Catálogo de Protecciones.
Urbanismo tiene ahora dos meses para responder a la petición de la licencia. Pavón espera que el Catálogo se apruebe durante este plazo para, así, evitar la concesión del permiso para derruir o actuar sobre edificios que el Ayuntamiento pretende proteger. Los arquitectos alertan de que, en caso de denegar el permiso, los afectados pedirán indemnizaciones.
