Las cuentas del Estado para 2017 dejan claro lo que ya se mostraba de manera implícita en ejercicios anteriores: que la autovía alternativa a la AP-7 no estará terminada -y puede que ni iniciada en los tramos pendientes- antes de que termine el año 2019. Y esa fecha resulta muy importante, puesto que es en ese momento cuando termina la concesión de la autopista. Ahora bien, eso puede que no implique la gratuidad de la vía, tal y como dejó entrever el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en una sesión de control al Gobierno en noviembre del año pasado. De la Serna dijo que las autopistas cuya concesión termina entre 2018 y 2021, entre ellas la AP-7 entre Tarragona y Alicante, pasarán al Estado, que estudiará «la mejor forma de explotarlas».
Lo cierto es que si el Ejecutivo decidiera mantener el peaje en la autopista del Mediterráneo se encontraría con una férrea oposición en la Comunidad Valenciana y Cataluña. En el caso concreto de la provincia de Alicante, los principales perjudicados por el pago por el uso de la autopista son los ciudadanos de la Marina Alta, alejados tanto de València como de Alicante y obligados a utilizar la AP-7 para evitar la saturada N-332 y todas las travesías existentes a lo largo del recorrido por ambas provincias. Municipios como Dénia, Xàbia, Ondara y Gata de Gorgos han exigido hace apenas unas semanas que la autopista sea gratuita una vez que venza la concesión.
