El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, tiene previsto crear en breve la Concejalía de Comercio y Hostelería. Con esta medida, el regidor socialista pretende deshacerse de las competencias de Comercio, que ostenta desde el inicio de este mandato al igual que las de Fiestas, y además impulsar un sector «clave» en la economía alicantina como es el hostelero.
Todavía no tiene fecha concreta, pero fuentes municipales admiten que los cambios en el área llegarán en breve, pese a que Echávarri tenía previsto inicialmente retrasar la remodelación hasta que el Consell Jurídic Consultiu se pronunciase sobre el posible fraccionamiento de contratos en el área de Comercio, que el PP ha denunciado en la Fiscalía Anticorrupción ante la sospecha de que el alcalde hubiese cometido un delito de prevaricación administrativa, que conlleva una inhabilitación para cargo público de nueve a quince años.
La nueva concejalía, que tendrá al frente a un concejal socialista, unirá las competencias de Comercio y las de Hostelería. Estas últimas hasta la fecha no están definidas en ninguna área en concreto. Desde el entorno de Echávarri consideran que la decisión del socialista es una «apuesta importante», ya que la hostelería es un sector clave para la economía alicantina cuya gestión no está lo suficientemente clara en el reparto de competencias actual.
La decisión de introducir cambios en Comercio surgió tras advertir el interventor posibles irregularidades en contratos de Comercio por un valor total de 190.000 euros. En un primer momento, Echávarri pretendía que los cambios coincidiesen con el dictamen del Consell Jurídic, pero finalmente todo indica que la reestructuración de Comercio llegará en breve. Por ahora, los «nuevos aires» no afectarán al asesor de Comercio, Pedro de Gea, que en una entrevista publicada el pasado domingo en INFORMACIÓN defendía la necesidad de introducir modificaciones en el departamento. La persona de confianza de Echávarri en Comercio aseguró que los cambios eran «necesarios» y que era el momento de tomar un «nuevo rumbo», además de apostar por que un concejal, y no el alcalde directamente, se hiciera cargo de la Concejalía de Comercio.
El caso de Luna y Blasco
El regidor socialista confirmó ayer, tal y como adelantó el pasado martes INFORMACIÓN, que ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción para ofrecerse a declarar de forma voluntaria para intentar agilizar la investigación que ha iniciado el Ministerio Público tras la denuncia presentada por el PP. «No tengo absolutamente nada que ocultar. No hay delito, lo dicen los servicios jurídicos del Ayuntamiento. No hay ningún tipo de ilícito penal y no tengo ni una pizca de responsabilidad penal, cero», aseguró ayer Echávarri a preguntas de los periodistas, a la vez que calificó de «denuncia política» la decisión de los populares de acudir ante la Fiscalía por el presunto delito de prevaricación administrativa.
Pero el ataque de Echávarri al PP no se quedó ahí, sino que aseveró que acudir a los tribunales con objetivos espúreos es una práctica habitual entre los populares. «El PP lo utiliza siempre, funciona así, salta lo político y va a lo personal. Aquí no iba a ser una excepción», añadió ayer el regidor socialista, quien recordó que el exalcalde y exportavoz del grupo socialista en las Cortes, Ángel Luna, también fue denunciado hasta en dos ocasiones por el PP. «Me acuerdo de una frase muy buena de Rafael Blasco cuando imputaron a Luna, donde dijo: el cazador cazado; Blasco hoy está en prisión [condenado a seis años y medio de prisión por desviar ayudas al desarrollo], el que robaba dinero para niñas violadas en Haití para comprarse pisos en Valencia», apuntó el alcalde de Alicante, quien volvió a centrar sus críticas en el portavoz municipal del PP, Luis Barcala: «Sólo persigue un fin político, que es menoscabar la imagen personal y política del alcalde de la ciudad, que es del PSOE. ¿Tú crees que al señor Barcala le importa el dinero de los alicantinos si ha estado aquí, ha formado parte corporación que arruinó a esta ciudad?», concluyó Echávarri tras ofrecerse al fiscal Anticorrupción para ir a declarar y agilizar la investigación judicial.
