El alcalde, Gabriel Echávarri, delegará las competencias de Comercio [que asumió desde el inicio del mandato] en la edil socialista Gloria Vara, que en breve se pondrá el frente de la nueva concejalía creada por el regidor. Así, Vara asumirá las competencias de Comercio y también «estrenará» las de Hostelería, además de continuar con su responsabilidad al frente de Infraestructuras, Inmigración y Plaza de Toros.

Echávarri, que de manera inminente hará oficial estas modificaciones en el organigrama municipal, se deshace así de unas competencias, las de Comercio, que le han situado en el centro de la diana por las irregularidades detectadas por el interventor que han acabado ante la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia del PP en la que acusan al alcalde de un posible delito de prevaricación administrativa, que podría suponer la inhabilitación para cargo público de nueve a quince años por el supuesto fraccionamiento de unos contratos cuyo importe asciende a 190.000 euros.

Como anunció este diario el pasado miércoles, Echávarri ha aprovechado su decisión de renunciar a las competencias de Comercio, un área cuya gestión diaria ha recaído este mandato en el asesor Pedro de Gea, para crear una concejalía independiente en la que Hostelería también estará presente en respuesta a la petición realizada por el sector, que se sentía al margen de la gestión de Comercio y Turismo. La edil socialista Gloria Vara será la primera responsable de esta área de nueva creación. «Me reuní con los hosteleros y se sentían en tierra de nadie, entre el comercio y el turismo», aseguró ayer Echávarri a preguntas de los periodistas, a la vez que defendió el papel de la hostelería en Alicante: «Son un motor económico en esta ciudad. Esta nueva concejalía busca dar a los hosteleros la importancia que se merecen, que haya personal del Ayuntamiento que se dedique a ellos en exclusiva».

La decisión, según ha podido saber este diario, se hará oficial de inmediato. Al final, la reestructuración se ha adelantado a la hoja de ruta inicial trazada por el alcalde, que pretendía renunciar a las competencias una vez se conociera el dictamen del Consell Jurídic sobre el posible fraccionamiento de contratos en Comercio.