A sólo unas horas del pleno municipal de hoy, previsto para las 16.30 horas, el futuro del Catálogo de Protecciones sigue en el aire. En concreto, sigue en manos de la tránsfuga Nerea Belmonte (expulsada de Guanyar), ya que los grupos de la oposición en el Ayuntamiento, tanto PP como Cs, junto al otro edil tránsfuga, Fernando Sepulcre, han confirmado que hoy se opondrán a la aprobación provisional del Catálogo de Protecciones, un documento que promueve la Concejalía de Urbanismo, en manos de Miguel Ángel Pavón (Guanyar), y cuya aprobación definitiva depende de la Generalitat Valenciana.
El Catálogo necesita de quince votos a favor para superar el trámite municipal. Según se vio en la Comisión de Urbanismo celebrada el pasado lunes, por ahora sólo cuenta con el apoyo del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís). En esa reunión, los dos tránsfugas se abstuvieron, aunque Sepulcre asegura que, si su voto cambia, nunca sería para apoyar el texto.
Así, el futuro del Catálogo, del que depende la protección de unos 300 edificios según Pavón, está en manos exclusivamente de Belmonte, quien hoy se volverá a reunir con Pavón para seguir despejando «importantes dudas». En el encuentro que mantuvieron ayer, la ex de Guanyar exigió al responsable de Urbanismo informes técnicos, sobre una cuantificación estimada de las posibles indemnizaciones que podrían reclamar propietarios de terrenos y edificios, e informes jurídicos, acerca de la responsabilidad legal de los ediles que votasen a favor del Catálogo en caso de que se aprobase en el pleno y, en consecuencia, hubiese acciones legales por parte de promotores. Pero las exigencias de Belmonte no se quedan ahí, sino que también reclama «más tiempo», una petición que sólo se puede cumplir si Pavon retira el Catálogo del pleno previsto para esta tarde.
Tal es el retraso actual en la tramitación del documento que Urbanismo ya ha tenido que pedir al Consell que prorrogue la suspensión de licencias para evitar que a partir de junio queden sin protección cientos de edificios.
Pavón, por su parte, convocó ayer de urgencia a la Comisión de Urbanismo para informar sobre la suspensión dentro del Catálogo de la protección de El Pino-Ruaya, en respuesta al anuncio de sus promotores de exigir indemnizaciones por 140 millones de euros y responsabilidades legales a los ediles si finalmente se aprobaba.
