«El Catálogo de Protecciones en ningún caso podrá invadir las determinaciones que ha de contener el planeamiento urbanístico y territorial (Plan General Estructural, Plan de Ordenación Pormenorizada o planes especiales). [...] Pudiendo servir las que lo sobrepasen como inspiradoras del futuro plan general estructural». Así de claro se muestra el secretario general del pleno en un informe que ayer protagonizó buena parte de la Comisión de Urbanismo, donde se sometió a votación (no vinculante para el pleno) el Catálogo de Protecciones que desarrolla la Concejalía de Urbanismo, dirigida por Miguel Ángel Pavón.
El informe del secretario va en la línea defendida por colectivos profesionales (como ingenieros y arquitectos) que acusaron a Pavón de utilizar el Catálogo para proteger suelo al margen del PGOU y le criticaron que no se centrase en la protección de edificios. Los promotores además se han mostrado en estos meses muy críticos, acusando al concejal de Urbanismo de «fraude de ley» y de «desviación de poder». Y no sólo eso, sino que han culpado al vicealcalde de querer «alterar el modelo territorial vigente» a través de un Catálogo de Protecciones que el secretario, por otro lado, insiste que se debe vincular al PGOU vigente, de 1987, y no tratarlo, tal cual han insistido desde Urbanismo en numerosas ocasiones, como un primer paso para la elaboración del nuevo Plan General Estructural dentro de la revisión del actual planteamiento.
El Catálogo de Protecciones impulsado por Pavón, que ayer obtuvo el visto bueno del tripartito [PSOE, Guanyar y Compromís] y el rechazo de los dos grupos de la oposición [PP y Ciudadanos], queda en manos de los dos concejales tránsfugas. Ayer, tanto Nerea Belmonte (ex de Guanyar) como Fernando Sepulcre (ex de Ciudadanos) se abstuvieron en la votación de la Comisión de Urbanismo, aunque los dos dejaron abierta la posibilidad de cambiar el signo de su voto. Que al menos uno de los dos tránsfugas se posicione a favor del documento será necesario para que Pavón logre aprobar en pleno municipal el Catálogo de Protecciones, que aún así deberá terminar su tramitación en el Consell, encargado de la aprobación definitiva. Ante la imposibilidad de que el proceso acabe antes del próximo 10 de junio, el tripartito ya pidió a la Generalitat Valenciana la pasada semana prorrogar la suspensión de licencias. Pavón insiste en que, en el caso de que el Gobierno valenciano no concediera la prórroga de la suspensión, teniendo en cuenta que el Catálogo no estará aprobado a mediados de junio, se quedarían sin proteger unos 300 edificios. «Si alguien pidiera una licencia de demolición, se la tendríamos que dar», insistió ayer el vicealcalde y edil de Urbanismo.
Pavón mantendrá hoy una reunión con los promotores de la zona de El Pino-Ruaya, que el pasado viernes registraron tres escritos en el Ayuntamiento en los que anunciaban que reclamarán indemnizaciones por 140 millones de euros y que emprenderán medidas penales contra los ediles si finalmente se aprueba el texto.
Al pleno de este jueves también irá la posible aprobación inicial de la ordenanza reguladora de establecimientos de sedes de asociaciones de clubes sociales de cannabis, una propuesta que ayer, en la Comisión de Urbanismo, contó con el visto bueno del tripartito y de la tránsfuga Belmonte.
