El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, remitirá hoy un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que se ofrecerá a declarar de manera voluntaria con el objetivo de agilizar la investigación abierta hace dos semanas por el Ministerio Público tras la denuncia presentada a mediados de abril por el PP ante el posible fraccionamiento de contratos en el área de Comercio, que dirige el propio regidor socialista.
Con este movimiento, Echávarri busca que el proceso no se eternice en Fiscalía, que tiene hasta un año para decidir si archiva la denuncia de los populares o, en cambio, envía el caso al juzgado.
La pasada semana, INFORMACIÓN adelantó que el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, había decidido abrir diligencias de investigación, a la vez que había reclamado al Ayuntamiento de Alicante documentación sobre las facturas que están bajo sospecha.
La denuncia contra Echávarri se presentó en la Fiscalía por el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, ante un presunto delito de prevaricación, que podría suponer una inhabilitación para cargo público de nueve a quince años. Según el escrito presentado por el PP en la Fiscalía, Echávarri sería el autor del citado delito, ya que «es la persona que procede a la firma y a la autorización de las facturas, consumando el fraccionamiento de los contratos».
La polémica en torno al área de Comercio arrancó a principios del pasado mes de abril, cuando la Junta de Gobierno elevó una consulta al Consell Jurídic Consultiu tras las posibles irregularidades detectadas por el interventor en la tramitación de las facturas de la Concejalía de Comercio, que se habrían fraccionado como contratos menores por un montante total de 189.762 euros. Ante los reparos de Intervención, el tripartito elevó una consulta al Consell Jurídic para que emitiera un dictamen para determinar si Comercio había actuado correctamente. El órgano autonómico aún no ha respondido a la petición del equipo de gobierno de Alicante.
Además de la consulta al Consell Jurídic y la denuncia presentada por el PP ante Fiscalía, el grupo municipal de Ciudadanos promovió una comisión de investigación, que finalmente contó con el visto bueno unánime del pleno. La comisión, sin embargo, está paralizada después de que la formación naranja decidiese impugnarla al negarse Echávarri a que los grupos estuvieran representados por dos ediles cada uno, al igual que en el resto de comisiones municipales. Ahora, el alcalde pretende agilizar la investigación en Fiscalía, explicando su versión sobre el posible fraccionamiento de contratos, ante la posibilidad de que el caso acabe en el juzgado y sea al final imputado.
