El vicealcalde de Alicante y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, afirmó ayer que los terrenos de El Pino-Ruaya van a seguir siendo urbanizables, según lo previsto en el Catálogo de Protecciones que su área pretende sacar adelante en el próximo pleno. Pavón recalcó que «en absoluto se inviabiliza el desarrollo urbanístico» de estos terrenos por el hecho de que formen parte de una unidad paisajística concreta, sino que eso simplemente obligará a que los programas urbanísticos que se propongan deban «tener en cuenta determinados criterios» de adecuación al entorno.

El edil salió al paso de esta forma al anuncio realizado por tres propietarios de terrenos en esta zona, del que se hacía eco ayer este periódico, de emprender acciones judiciales si se aprueba el Catálogo de Protecciones, que podrían desembocar en el pago de una indemnización de 140 millones de euros. Pavón hizo hincapié en que el documento que prepara su concejalía «es perfectamente compatible con urbanizar, sólo hay que ver cómo». En este sentido, hizo hincapié en que «en las fichas del catálogo se dice que la zona es urbanizable». Además, aseguró que «no se entiende» que los propietarios presenten escritos tratando de frenar la aprobación del catálogo, «cuando tenemos una reunión prevista con ellos este martes». En su opinión, es algo «un poco fuera de lugar», pero en cualquier caso quiso transmitirles «tranquilidad» y recalcó que «fue el PP quien no ejecutó la sentencia» a la que ahora apelan los dueños de terrenos.

Mientras tanto, el portavoz de los populares, Luis Barcala, reiteró ayer que su grupo votará «en contra» del Catálogo de Protecciones, y ha reiterado que «lo que quiere Miguel Ángel Pavón es un mini-PGOU, porque sabe que el Plan General no lo va a poder hacer». Además, lo acusó de querer utilizar el Catálogo «para condicionar a quien venga detrás». También criticó que el documento «es muy subjetivo y falta una memoria económica», la cual es «fundamental» para un proyecto «que condiciona tanto el desarrollo de una ciudad».

Barcala consideró que «el gobierno municipal parece que no es consciente del dinero que va a suponer para las arcas públicas indemnizar a los particulares afectados por la planificación que ha hecho el vicealcalde». En su opinión, el tripartito no debe «crear más problemas de los que ya genera», por lo que insistió en «la retirada de un documento perjudicial para el desarrollo económico de Alicante, para la creación de empleo en muchos sectores clave y que afecta negativamente a su crecimiento urbanístico».

Pavón, no obstante, sí tuvo el apoyo explícito de su socio de gobierno Compromís. El portavoz de este grupo, Natxo Bellido, coincidió en que «el Catálogo no invalida la calificación de urbanizable del suelo», y que además el edil aludido «ya se ha reunido con los promotores y hay otra cita prevista este martes», por lo que «no compartimos» que ahora presenten estos escritos. Al mismo tiempo, defendió «todo aquello que signifique proteger el territorio», y argumentó que el Catálogo va en esa línea y que, por lo tanto, para Compromís es «bienvenido».

En cambio, el alcalde, Gabriel Echávarri, no se pronunció acerca del tema. Fuentes del grupo socialista se limitaron a recordar que ya han comentado anteriormente que son «partidarios de llegar a un acuerdo con los propietarios para arreglar una situación que se arrastra desde los tiempos del PP». El PSOE no ha avanzado el sentido de su voto, el cual resulta fundamental para que el Catálogo de Protecciones salga adelante.

Por último, la portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, también cuestionó el Catálogo, recordando que «se ha hecho con muchas improvisaciones y sin tener en cuenta posibles derechos adquiridos por parte de propietarios de suelo». La edil recalcó que «es el Plan General el que debe marcar los usos del suelo urbanizable e industrial», y que su grupo «defenderá el interés general» para que el documento «no sea un freno».