La posible aprobación del Catálogo de Protecciones, redactado desde la Concejalía de Urbanismo que dirige Miguel Ángel Pavón (Guanyar), puede acabar finalmente en los tribunales. Y es que propietarios de terrenos en la zona de El Pino-Ruaya [entre Vistahermosa y Santa Faz, en el entorno de la huerta alicantina] registraron ayer tres escritos en el Ayuntamiento en los que anuncian el inicio de «acciones judiciales y penales» contra los concejales que, votando a favor de la propuesta del área de Pavón, permitiesen la aprobación del documento. Y no sólo eso, sino que los promotores aseguran que si el Catálogo de Protecciones cuenta con el visto bueno de la mayoría del pleno exigirán una indemnización de 140 millones de euros «por la privación singular de sus legítimos derechos urbanísticos e inmobiliarios de cuyo ejercicio» se «privaría» por la «actitud obstativa del Ayuntamiento».
Los escritos registrados ayer, que van dirigidos a la Concejalía de Urbanismo y al secretario municipal, explican que el Catálogo de Protecciones «contiene limitaciones de protección para el ámbito de El Pino-Ruaya que inviabilizan la futura gestión urbanística y ambiental» de los terrenos y, en consecuencia, «suponen de facto un planteamiento manifiestamente contrario a las determinaciones de una sentencia firme».
Los empresarios se refieren a una resolución firme del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), con fecha de julio de 1992, que dictaminó la «modificación de la calificación del suelo» de las fincas «El Pino» y «Ruaya», ambas contiguas y enclavadas en la zona de Orgegia, de «suelo no urbanizable-hitos» a «urbanizable no programado». Nueve años después de esa sentencia, el Ayuntamiento, según explican los escritos registrados ayer en el Ayuntamiento, el pleno municipal acordó la ejecución de la sentencia, «reflejando en los planos del PGOU vigente» la superficie de las citadas fincas como «suelo urbanizable no programado» y además «confeccionando una ficha con criterios para el desarrollo del planeamiento correspondiente».
Los propietarios de los terrenos, ubicados entre Vistahermosa y Santa Faz y en los que se llegó a proyectar un plan parcial con 2.200 viviendas sobre una superficie de 800.000 metros cuadrados, critican que Urbanismo «pretende aprobar de forma definitiva el Catálogo de Protecciones que, en su última exposición pública, incluyó el ámbito de El Pino-Ruaya en la Unidad de Paisaje Llomes del Garbinet i d'Orgegia, otorgando una protección paisajística que, amén de suponer una vinculación singular e injustificada de su propiedad, conduce a la inviabilidad del ámbito urbanístico reconocido por sentencia».
En uno de los escritos registrados ayer en el Ayuntamiento, los propietarios de los terrenos subrayan que, en el caso de que el pleno municipal apruebe el Catálogo de Protecciones, la situación conduciría «ineludiblemente a la necesidad de indemnizar a la parte favorecida por la sentencia». Es decir, los promotores le recuerdan por escrito a Pavón que, de seguir firme en su objetivo de aprobar el Catálogo de Protecciones, el Ayuntamiento podría verse obligado a indemnizar con hasta 140 millones de euros -cifra de «carácter mínimo» que recogen en los documentos entregados ayer en el Registro municipal- a los tres promotores propietarios de los terrenos de las fincas El Pino-Ruaya. Contra el catálogo presentaron alegaciones varios grupos, entre ellos, el PSOE, socio de Guanyar.
