Licenciada en Filosofía, María José Salvador traslada una imagen que puede parecer, a primera vista, sosegada y frágil, pero tiene su carácter y lo demuestra en cuanto algo le parece que contraviene la realidad. A lo largo de la entrevista desgrana sus retos. Junto a garantizar el derecho a la vivienda, lograr que la Administración autonómica pueda volver a invertir en infraestructuras, una empresa hoy difícil por la, según asegura, herencia de su predecesora, Isabel Bonig, «que entre unas cosas y otras dejó una deuda de 1.500 millones de euros». Natural de Vall d'Uxó, como Isabel Bonig, líder del PP en la Comunidad Valenciana y su antecesora en el cargo. «Sí, pero nunca hemos coincidido en nada ni hemos ocupado espacios comunes», afirma con rotundidad.

¿Cuál es su balance a los dos años de tomar posesión?

Un balance plagado de retos porque la herencia que recibimos del gobierno anterior nos dejó prácticamente paralizada la conselleria con facturas en los cajones, reclamaciones judiciales y muchas cosas por resolver, como todo lo relacionado con la política de vivienda. La Ley de la Función Social de la Vivienda, el tema de la movilidad en el transporte, que me encontré con todas la licencias caducadas, el Pativel, la necesidad de reformar a línea del TRAM en Dénia, el túnel parado de la Serra Grossa, los planes territoriales de Alicante, Valencia y Castellón?

Muchos retos.

Eran retos que vamos resolviendo pero queda mucho por hacer y mucho por pagar. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos casi 1.500 millones de euros comprometidos por las denuncias por PAIs mal tramitados, las ayudas a la vivienda que hay que afrontar o los 203 millones de euros que se deben de obras públicas ejecutadas en los últimos 20 años y que se tienen que pagar.

Desde el sector de la construcción, capital en la provincia de Alicante, se tiene la sensación de que se ha entrado en una carrera sin freno por cambiar la legislación que mantiene paralizados proyectos e inversiones.

Había que asumir una realidad que no se había acometido porque el anterior Gobierno miraba hacia otro lado. No creo que exista una parálisis, pero lo que no podíamos era seguir trabajando como se trabajaba porque a la larga se volvía en contra. Lo que pretendemos con el cambio de la normativa es aumentar la seguridad jurídica al propio Consell y a las personas que trabajan con nosotros, a los inversores. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con multitud de proyectos urbanísticos paralizados en los juzgados y no por nosotros, sino porque los promotores que los desarrollaron con buena fe se encontraron después porque estaban mal tramitados al faltar informes clave como las declaraciones de evaluación ambiental o estudios de las confederaciones. Eso es lo que tratamos de corregir. Asumir nuestra responsabilidad supramunicipal. La ordenación del territorio no puede ser solo una cuestión de los ayuntamientos. Es inadmisible que el Consell mirara hacia otro lado en las tramitaciones porque ahí está ahora lo que nos hemos encontrado. ¿Parálisis? Ninguna, pero las cosas hay que hacerlas bien.

¿Cuántos años le quedan para pagar facturas de obras sin resolver por sus antecesores?

Sólo en obras públicas ejecutadas y sin pagar la deuda alcanza los 203 millones de euros. Los ciudadanos deben saber, por ejemplo, que el paseo marítimo de Benidorm sigue sin pagarse. Ahí está el caso de la CV-95 de la Vega Baja, que ni se hizo y ahora nos han condenado a indemnizar con 9,5 millones de euros o la avenida de Dénia en Alicante, que sigue si pagarse del todo y, encima, se ejecutó mal porque lleva todo el tráfico a una zona que se colapsa en torno a la Explanada.

¿Cómo ve el proyecto para peatonalizar la avenida junto al Paseo de la Explanada?

Fundamental. No creo que haya alguien en la ciudad de Alicante que pueda estar en contra de la peatonalización del frente marítimo junto a la Explanada. Creo que sera un gran obra para Alicante y , por supuesto, se apoya desde el Consell. Vamos a invertir 21 millones en acabar la Vía Parque hasta El Palmeral porque por ahí debe canalizarse el tráfico al margen de puentes y túneles. Debemos trabajar ya en el proyecto sin esperar a acabar la Vía Parque, que absorberá perfectamente el tráfico actual que se desarrolla junto a la Explanada. Se puede comenzar a peatonalizar la Explanada e ir retirando poco a poco el tráfico. Ese paseo es un activo de la ciudad de Alicante.

¿Es tan perverso el Pativel o cree en serio que es la solución para acabar con la degradación de la costa? No todo el mundo va a acabar satisfecho.

Estamos haciendo una planificación supramunicipal que nunca se había hecho. Tenemos vocación de poner las luces largas en urbanismo y planificar el territorio desde la conselleria respetando, por supuesto, siempre, la autonomía municipal. Creo que con el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del litoral (Pativel) hemos evitado la tentación, si existía, de intentar algún tipo de desarrollo urbanístico en las zonas más valiosas de nuestro litoral. El Pativel se basa en dos pilares: garantizar la seguridad jurídica y evitar la responsabilidad jurídica de las administraciones mientras llega un nuevo modelo territorial en el que habrá más protección, o mejor, con el que vamos a poner en valor el paisaje y nuestra costa.

Los promotores están que trinan con el documento.

Lo que no podíamos es consentir la destrucción de todo el territorio. No acuso a nadie, pero la protección de nuestra costa es una responsabilidad y era nuestra obligación intervenir tras una etapa de urbanismo con más luces que sombras. La demanda de vivienda está garantizada. El 40% de las alegaciones se han aceptado y hemos corregido muchas cosas. Ahora habrá una nueva exposición pública. Ha habido malas interpretaciones pero creo que todo se ha corregido.

Parece que su llegada ha sido como un bálsamo y se han frenado hasta los desahucios. ¿Qué tal va su llamada a que se cedan viviendas vacías?

Tras veinte años de políticas en contra del derecho a que todo el mundo pudiera tener una vivienda, nuestro compromiso era que la vivienda fuera un derecho y no un artículo de lujo como parecía considerarlo el PP. Sin un techo es imposible poder acceder a otros derechos como la Educación o la Sanidad. Hay que tener un techo y en ello estamos trabajando. Se han frenado los desahucios porque hemos encontrado colaboración, pero un sólo caso es un drama.

¿Tienen los medios?

Muchos pisos siguen vacíos y es algo que no se puede consentir. Lo mismo que tampoco permitir las ocupaciones legales que se daban en los tiempos del gobierno anterior. Trabajamos porque nadie tenga que abandonar su vivienda pero tampoco dejaremos que haya ocupaciones ilegales cuando hay familias en lista de espera.

¿Colaboran los bancos?

Hemos firmado convenios con 33 entidades financieras para que nos cedan sus viviendas vacías pero hay que pensar también en el nivel de habitabilidad. Cuando llegué me encontré con un parque público de 700 pisos que eran inhabitables en Alicante y se está invirtiendo mucho dinero en poner las viviendas a punto. Creamos la mesa de prevención de desahucios con los bancos, como un espacio de diálogo mientras aprobábamos la ley de la función social de la vivienda, que es donde se establecen mecanismos de protección que sortean las limitaciones competenciales que tenemos. Lo que me gustaría es que el Gobierno de España, que es quien tiene las competencias y la capacidad de aprobar una ley de segunda oportunidad en el Congreso, lo haga. El gran marco del cambio tiene que venir de la mano del Gobierno. Nosotros creamos la mesa de prevención donde juntamos a la plataforma antidesahucios, los sindicatos y a los bancos.

Corredor Mediterráneo. ¿Confía usted en verlo acabado algún día?

Apostar por el Corredor Mediterráneo es apostar a caballo ganador y eso es lo que, de momento y desgraciadamente, no saben ver ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Cierto que viene mucho a la Comunidad Valenciana pero hace poco. Lo bueno del proyecto del Corredor Mediterráneo es que ha posibilitado que en la Comunidad Valenciana haya un consenso general que comparten los empresarios, los sindicatos, los ciudadanos, las universidades, los partidos políticos? todos menos el Gobierno central.

El tercer hilo.

El tercer hilo no es suficiente. Necesitamos doble plataforma en todo el recorrido, y esa va a ser la reivindicación del Consell, como también el que haya AVE entre Alicante, València y Castellón y con Barcelona.

¿Qué le dicen en Madrid cuando plantea que se recupere la red de Cercanías?

Les recuerdo que son importantísimas y también les recuerdo que su modernización se decidió en un convenio Consell/Fomento en 2010. Siete después no se ha ejecutado. Hemos pedido la transferencia de las competencias ferroviarias de las redes de cercanías pero no han aceptado.

Y hablando de infraestructura ferroviaria. En 2018 anuncian que arrancarán las obras para completar el túnel de la Serra Grossa. ¿Llegará algún día el tranvía al aeropuerto de Alicante-Elche

Nuestra intención es acabar el túnel de la Serra Grossa porque es fundamental para ampliar la frecuencia en toda la red del TRAM. También queremos incorporar el tranvía al proyecto para peatonalizar la Explanada y por supuesto que debiera llegar al aeropuerto pero recuerdo que, de hecho, es otro de los incumplimientos del pacto por las cercanías de 2010.

El exitoso TRAM que fue noticia esta semana por la presentación de la campaña «Párate y mira», ¿demasiados accidentes?

La intención de esta campaña es alertar a los pasajeros de la necesidad de evitar imprudencias en el uso del teléfono móvil cuando vas a coger el tranvía y hacer un llamamiento para que entre todos logremos que no se produzcan accidentes en la red ferroviaria autonómica.