Los recursos contra los procesamientos de los imputados en el caso del Plan General de Alicante ya están en la Audiencia Provincial. La Sección Segunda, que ya fue la encargada de enjuiciar el agujero contable de Mercalicante, será ahora quien tenga que decidir si confirma o no la decisión del juez de llevar a los investigados al banquillo por los presuntos amaños del plan general. La sala deberá ahora decidir si acepta o no los recursos y se designará un ponente para resolverlos.
Entre los investigados en la causa, que es una pieza que se desgajó del llamado caso Brugal, están los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, así como el promotor Enrique Ortiz y sus colaboradores Santiago Bernáldez, Pablo Rico y Virgilio Ortiz. También se investiga al redactor del PGOU, Jesús Quesada, a los abogados urbanistas, Javier Gutiérrez (exconcejal del PSOE) y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa), y por último el empresario Ramón Salvador Águeda. El juez que investiga los presuntos amaños en el Plan General de Alicante les procesó por delitos de tráfico de influencias, cohecho y, en el caso de los que tenían funciones de autoridades o empleados públicos, revelación de información privilegiada.
En estos momentos la causa se encuentra paralizada por decisión del instructor hasta que se resuelvan los recursos en la Audiencia Provincial. El magistrado Manrique Tejada optó por esta medida debido a que, en un primer momento, los distintos recursos planteados por las defensas se iban a resolver por separado y, de esta manera, se evitaban las posibles complicaciones en caso de que se dieran resoluciones contradictorias.
El pasado mes de abril, los magistrados de la Audiencia acordaron un cambio en las normas de reparto a raíz de la llegada de los recursos en las causas del PGOU y de la CAM, en lugar de repartir la treintena de apelaciones que se habían presentado entre todas las salas. Una situación que podría haber causado que todas las salas pudieran quedar contaminadas para celebrar el hipotético por haber tenido que pronunciarse sobre el fondo del asunto. Del mismo modo, la sección que reciba un recurso sobre una determinada causa, será la competente para las posteriores apelaciones.
La Sección Tercera de la Audiencia ya confirmó el pasado 14 de marzo el procesamiento de Díaz Alperi por el PGOU, una decisión que apuntaba a que esta misma sala podría ser ahora la encargada de resolver los recursos. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario señalaron que las nuevas normas de reparto sólo afectan a las causas que hayan entrado en la Audiencia con fecha posterior al 27 de abril y, por lo tanto, esa resolución no está afectada por el nuevo protocolo.
La Sección Segunda deberá resolver todos los recursos planteados por el procesamiento, momento tras el que las acusaciones presentarán sus conclusiones. La sala fue la responsable de enjuiciar en 2015 el desfalco en la empresa mixta Mercalicante, en una sentencia que fue confirmada por el Supremo el pasado diciembre. El proceso por el agujero contable se enjuició sin el principal acusado en el banquillo, el exgerente José Emilio Clavero, que está en paradero desconocido.
