Un grupo de juristas, expertos en diversidad sexual y de género, elaboran coordinados por el Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio y Diversitat, entidad social perteneciente a la Federación Estatal de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales, FELGTB, un borrador de Ley Valenciana de Igualdad de Trato y contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género con medidas que regulan aspectos tan importantes como la educación, la salud, el derecho a la no discriminación en el acceso al empleo o durante el mismo, y la relación de la administración con la población LGTBI.
Así mismo propone la creación de una Agencia Valenciana contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género, que tendrá competencias inspectoras, reguladoras y sancionadoras en caso de detectar casos de discriminación de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales, así como en la propuesta de políticas que erradiquen la discriminación.
En el ámbito educativo la ley establece el respeto a la diversidad sexual, familiar y de género en los contenidos curriculares, así como garantizar que en el entorno educativo no se den situaciones de acoso a los menores y adolescentes LGTBI. Igualmente, se debe garantizar el respeto a la orientación sexual por parte del profesorado, el libre desarrollo personal y la autodeterminación personal por parte de toda la comunidad educativa, demás personal contratado en los centros educativos. También establece la realización de protocolos en caso de bullying LGTBfóbico para la protección efectiva de la víctima y su acompañamiento especializado, tanto jurídico como piscológico.
La ley propone la creación de la Agencia Valenciana contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género con capacidad sancionadora en caso de detectar hechos que discriminen a personas por motivos de orientación sexual e identidad de género pero que no sean constitutivas de delitos, como por ejemplo la publicación de guías LGTBfóbicas, la aplicación, difusión o publicidad de terapias de aversión, la discriminación en el acceso al empleo o la homofóbia, bifobia y transfobia en el deporte, la cultura o la educación.
Otro de los aspectos clave es el de la promoción de estudios que faciliten datos reales de la situación, así como la regulación de la garantía estadística de registro de datos de la vulneración de derechos de las personas LGTBI que permita desplegar políticas públicas adecuadas al respecto. También es necesario asegurar la correcta formación de cualquier profesional que tenga que enfrentarse a una situación de discriminación, notablemente del ámbito sanitario, educativo y operadores jurídicos.
La ley propone la personación de la administración pública en aquellos casos de delitos de odio que, por su especial relevancia, lo precisen. En ese sentido, se evitarían sentencias como las de Javier Abil asesinado en 2014 por homofobia en Gandía o Lyssa da Silva, asesinada en 2015 en Alicante, donde la acusación particular no se personó dadas las vulnerabilidades que presentaba la víctima y la sentencia no consideró que fuera un crimen tránsfono.
Según Toño Abad, director del Observatorio Valenciano contra los Delitos de Odio, estamos muy lejos de conseguir la igualdad real, pese a los avances sociales de los últimos años, se siguen reproduciendo los espacios de impunidad donde se insulta, se denigra y se falta el respeto de las personas LGTB y, en el peor de los casos, se agrede físicamente y de forma impune".
En ese sentido, Abad asegura que una vez que se cursa denuncia "la homofobia, bifobia y transfobia son los últimos aspectos que se toman en consideración a la hora de sentenciar alejándose la Justicia valenciana de la lucha contra esta lacra que es el odio y produciendo sentencias que en ningún caso nos tranquilizan socialmente, como por ejemplo en el asesinato homófobo de Javier Albil en Gandía, que fue descuartizado por sus asesinos, o en el caso de Lyssa da Silva, mujer trans que fue brutalmente apaleada y abandonada hasta morir en Alicante. En ambos casos se sancionaron los hechos con pocos años de cárcel (10) dejando a los cómplices libres. Sentencias que nos causan auténtica vergüenza, desconfianza en la justicia y que alarman a la población LGTBI".
Abad explica que "la realidad y el día a día de las agresiones a personas LGTBI arrojan datos gravísimos y nos demuestran que ni las políticas de igualdad y no discriminación son una prioridad ni las personas LGTBI estamos realmente protegidas de la violencia. En la Comunidad Valenciana no se lucha contra la LGTBfobia, y eso debe cambiar, desde los municipios hasta la administración autonómica. Los políticos valencianos miran constantemente a otro lado. No hay sensación ni alarma social, pese a las agresiones crecientes. Esa es nuestra realidad".
