En amago se quedó la creación en el Ayuntamiento de una comisión de investigación sobre el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio que dirige el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri. Ayer debía constituirse pero Yaneth Giraldo, portavoz del grupo Ciudadanos, que impulsó la medida, confirmó lo que había avanzado: que impugnaban la comisión con un sólo integrante por grupo municipal.
El alcalde sólo permite un edil, recorte justificado por razones de «agilidad» y «privacidad» de los funcionarios citados a declarar. Sin embargo, el Pleno acordó que cada grupo aportara dos concejales para intentar esclarecer las adjudicaciones realizadas en diciembre de 2016 en distintas campañas de Comercio por 189.762,86 euros.
El recurso anunciado por Giraldo provocó que los cinco concejales que debían iniciar la investigación se levantaran para «deliberar» y a su vuelta votaron por unanimidad suspender la constitución de una comisión muerta antes de nacer por el recurso de Ciudadanos a su composición.
Un nuevo revés para Echávarri en otra «semana horribilis» en la que se vio solo en la presentación de su proyecto estrella de la legislatura, la ampliación de la Explanada, ya que sus socios de gobierno le dieron la espalda. Ayer, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, y Natxo Bellido, de Compromís, se alinearon con la oposición conscientes de lo baldío de iniciar los trabajos con una impugnación de por medio. También pensó lo mismo el socialista Carlos Giménez, presidente de la comisión, quien aclaró a Cs que a él le llegó el mandato con un número determinado de personas y que si había contradicciones con lo acordado por el Pleno «no soy la persona adecuada para aclararlo».
«¿Deberíamos impugnar para que esto se modifique?», consultó entonces Yaneth Giraldo al secretario, Francisco Joaquín Montava, sobre los pasos a dar. El funcionario respondió «ese es el camino», a lo cual la edil de Cs apostilló que: «no queda más que impugnar la constitución de la comisión».
El secretario justificó que había validado el decreto del alcalde porque interpretó que el ser una comisión análoga a las permanentes de pleno no quiere decir que tenga que ser igual, máxime cuando el voto será ponderado.
El PP cuestionó también la composición de la comisión. «Se ha saltado el acuerdo de Pleno y eso no se puede permitir», dijo Mari Carmen de España refiriéndose al alcalde. «En todas las comisiones se funciona así (con dos por grupo) y no había necesidad de acotar». Y consideró que la suspensión por «el bloqueo del alcalde» puede demorar dos meses la constitución de la comisión.
Pavón dijo que él había entendido que serían dos ediles por grupo pero que luego les llegó el decreto de Alcaldía con uno, y Bellido invitó a hacer un receso para aclarar las cosas, lo que privó de sentido a la decisión postrera de Echávarri de permitir a los medios de comunicación asistir a la sesión. Eso sí, con dos condiciones: no grabar voz y salir de la sala si algún funcionario citado a declarar así lo pedía. El Pleno aprobó que las sesiones fueran públicas.
