Los castillos hinchables que salieron volando en Alicante a finales de abril de 2014 y que causaron 26 heridos no estaban anclados como sostenía la empresa tras el accidente ni se habían cumplido todos los trámites administrativos que establece la ley. Así lo aseguró la Policía Nacional, que detuvo al responsable de la empresa de eventos encargada de la seguridad de las atracciones como presunto autor de dos delitos de lesiones por imprudencia grave. Los dos delitos corresponden a las lesiones más graves que sufrieron dos menores que se encontraban en el lugar del accidente ocurrido el pasado 27 de abril en la zona del mercadillo de la calle Teulada, donde se celebraba también una concentración de vehículos antiguos.
El detenido, de 38 años, prestó declaración en la Comisaría Provincial ante los agentes del Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada de Policía Judicial y fue puesto en libertad provisional. La investigación fue realizada por agentes de este grupo y de la Brigada Provincial de Policía Científica de Alicante.
Según informó la Policía Nacional, el accidente ocurrió en una instalación recreativa compuesta por siete castillos hinchables que estaban siendo utilizados por varios menores mientras dos personas realizaban funciones de seguridad y control de las atracciones.
Ráfagas
Unas «ráfagas de viento» provocaron que algunos castillos fueran arrastrados y se elevaran «varios metros del suelo», lo que provocó la cáida de los menores que en ese momento jugaban sobre ellos. En total 26 personas resultaron heridas a causa del accidente, de las cuales 13 tuvieron que ser trasladadas en ambulancias al Hospital General de Alicante.
La investigación y gestiones realizadas por la Policía permitió a los agentes determinar que «las atracciones estaban deficientemente instaladas». La Policía aseguró que los castillos no estaban anclados al suelo y carecían de lastres para evitar su desplazamiento, además de no poseer «las mínimas normas de seguridad establecidas para tales fines».
Igualmente, la investigación policial también detectó la carencia de trámites administrativos que «la empresa responsable estaba obligada a realizar para cumplir con la obligatoriedad legalmente exigible». Estos trámites se referirían a la ausencia de un certificado firmado por un técnico que acredite que los castillos hinchables estaban bien instalados, según informaron fuentes próximas al caso.
