Faltar al respecto, oponer resistencia leve o desobedecer a un agente de la Policía Local sale gratis en Alicante. Así lo ha denunciado el representante de UGT en este Cuerpo ante el alcalde de la ciudad, el socialista Gabriel Echávarri, en un escrito en que el señala directamente el responsable de esta situación: Diego Maroto, jefe del departamento jurídico-administrativo de Seguridad y hombre de confianza del primer edil, quien le aupó a este cargo.

En un escrito dirigido a Echávarri, el sindicalista explica que «desde hace ya algunos meses, las denuncias que interponen los agentes relativas a la falta de respeto o consideración a la actuación policial, entre otras, tras ser enviadas como en tiempos anteriores por parte de la Jefatura del Cuerpo a la Subdelegación de Gobierno, éstas están siendo devueltas a la misma Jefatura por la Subdelegación alegando la competencia municipal para su tramitación y sanción».

Esta «competencia municipal» es fruto de las modificaciones introducidas en la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como «ley mordaza, que en su articulado establece que «los alcaldes podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas en esa ley cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre que ostenten competencia sobre la materia de acuerdo con la legislación específica».

«Sin notificación»

La citada ley considera falta administrativa «la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación». Así como «las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal».

El representante de UGT asegura en su denuncia que una vez devueltas estas sanciones (que podrían rondar las 80), a la Jefatura de la Policía Local «desde el área administrativa de ésta son remitidas al nuevo departamento Jurídico-administrativo, donde no continúan su tramitación». Y concreta que se ha podido constatar que hay «numerosos casos de infractores» que han sido denunciados por esta causas «que no han recibido ningún tipo de notificación de la existencia de expediente (ya no digamos sanción), más allá de la copia del acta/denuncia que le entregaron los agentes denunciantes en su día». El denunciante agrega que la dejación en la tramitación de los expedientes sancionadores «está produciendo una gravísima situación por la cual faltar al respeto a los policías locales de Alicante está saliendo gratis a los infractores, lo que además de inaudito es inadmisible», precisa.

Para evitarlo, el Secretario de Policía Local de la Sección Sindical de UGT reclama al alcalde que dé instrucciones para que se corrija el problema «y los expedientes sigan su curso». Además de que «exija y depure las responsabilidades pertinentes a la persona o personas responsables de haber provocado, por acción o por omisión, esta gravísima situación durante los últimos meses», en alusión a Maroto.