El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, se reunirán mañana en Madrid con Adif para pedirles que asuman la deuda de 70 millones de euros que tiene la sociedad Avant tras las obras del AVE.
Tanto el Ayuntamiento como la Generalitat consideran que esta deuda debe asumirla el gobierno puesto que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, que depende del Ministerio de Fomento, es quien recibe de los beneficios que genera la estación de alta velocidad de Alicante.
El tripartito espera que se llegue a un acuerdo como ocurrió con un tema similar en Valladolid. Esto permitiría iniciar al final de la legislatura, a través de licitaciones, las obras del parque central, según ha dicho el portavoz del gobierno municipal, Natxo Bellido.
Fracaso total
La portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alicante, Yaneth Giraldo, ha ironizado sobre este encuentro previsto entre el alcalde y el concejal de Urbanismo con directivos de la sociedad pública Adif, dependiente del Ministerio de Fomento: "Si Echávarri negocia con la misma actitud que con Ikea nos tememos lo peor, es decir un fracaso total".
La edil ha hecho votos en este sentido para que "se presione a Adif para que la deuda que arrastra la sociedad Avant no repercuta en el bolsillo de los alicantinos y que no sea un impedimento para desbloquear de una vez por todas la tramitación del Plan OI2 con la creación del Parque Central en el nudo ferroviario, un proyecto que se presentó en 2003, hace tres lustros".
Cabe recordar que la sociedad Avant la componen la Generalitat (25%), el Ayuntamiento de Alicante (25%) y el Ministerio de Fomento (50%), y que la deuda que se arrastra es de más de 70 millones de euros. "Si se consuma la pretensión de Adif de refinanciar esa deuda, los intereses se comerán las plusvalías previstas por la construcción de viviendas; Alicante se merece esta gran inversión, como ya se está haciendo en otras ciudades, y una mayor sensibilidad tanto del Estado como de la Generalitat Valenciana en una obra pública que cambiará por completo la fisonomía de la ciudad".
El grupo municipal de Ciudadanos presentó en el pleno del pasado mes de marzo una iniciativa para instar a la Concejalía de Urbanismo a la agilización del documento urbanístico del OI2, pendiente de su aprobación definitiva. En esta iniciativa Cs solicitaba que se respetara una de las premisas que se incluyó en la aprobación inicial, en marzo de 2015, como era la demolición del Puente Rojo.
