Las familias afectadas por la supresión de 203 plazas concertadas en primero de Bachillerato en la ciudad de Alicante se sienten «doblemente perjudicadas», porque no hay suficientes huecos en los institutos públicos de su zona escolar para matricular a sus hijos, lo que les obliga a elegir centro lejos de su domicilio si no quieren pagar la plaza como privada.
Según los datos elaborados por el sindicato mayoritario de la enseñanza concertada, Fsie, en función de la actual ratio por aula y vacantes que quedan en los institutos de enseñanza pública, en el conjunto de la ciudad habría 183 vacantes en aulas de primero de Bachillerato. Estas plazas no bastan para absorber a los 203 alumnos que saldrían de las aulas concertadas suprimidas. Faltarían una veintena de plazas.
«Bastaría con que Educación ampliara la ratio en algunas aulas, o que creara una clase más en cualquier centro público para completar estas necesidades, pero de todas formas la mitad de los afectados de centros concertados no dispondrían de sitio en su propio distrito escolar», aprecia el delegado del sindicato en la provincia, José Gabriel Alfonso.
La estadística elaborada centro a centro y por zonas escolares, revela que los institutos del distrito B (San Blas, 8 de Marzo, Doctor Balmis, Miguel Hérnandez y Jorge Juan) cuentan con 35 vacantes en primero de Bachillerato, totalmente insuficientes para los 85 alumnos de cuarto de la ESO de los colegios concertados ubicados en este mismo distrito y a los que se suprimen las aulas. Cincuenta alumnos no tendrían cabida en las aulas públicas del entorno de su domicilio en este caso.
En las zonas D y E donde se ubican los institutos públicos del Pla y de la Playa de San Juan, apenas se concentran otras 50 vacantes en las aulas de primero de Bachillerato.
Como el conjunto de alumnos que se queda sin plaza en la concertada en esta zona suman hasta 118, en esta área, con los datos actuales, serían 68 los estudiantes que se verían obligados a desplazarse de su distrito escolar para ir a otro instituto público con vacantes, siempre que no opten por pagar una plaza privada, que es la otra opción que les quedaría.
«La conselleria ofreció que iba a negociar con el sector concertado antes de decidir la planificación escolar, pero no ha sido así», lamentan desde Fsie.
«Se ha perjudicado más a los centros que tienen más demanda», critica el delegado provincial, añadiendo que «se recorta la libertad de elección de centro por las familias y no se atiende a la demanda social de las mismas, imponiendo para muchas de ellas un único modelo educativo. Lo que no se ofrece no se puede elegir», remarca.
Distancia
Alfonso abunda que el desplazamiento al que se obliga, por ejemplo, a los alumnos de los centros de la zonas de las playas, hacia los públicos con vacantes «puede alcanzar las dos horas diarias hasta la zona de Babel, donde habría más vacantes en la pública, 57».
También reflexiona el Fsie sobre las consecuencias pedagógicas para estos alumnos desplazados de sus centros concertados. «Les exigirá un esfuerzo de adaptación que podría tener repercusiones negativas en su rendimiento escolar -añade José Gabriel-.
Concluye que en la mayor parte de los casos, "han pasado su vida educativa (más de 13 años) en el mismo colegio, e implica la ruptura de hábitos pedagógicos, con la alteración de los proyectos educativos y de las relaciones socio-educativas con sus amigos y profesores».
