Asociaciones de padres de alumnos de los colegios concertados, Ciudadanos y el sindicato Anpe, que representa a una parte del profesorado, exigieron ayer al conseller Vicent Marzà que explique los criterios que ha aplicado para suprimir las cerca de 400 plazas concertadas de Primero de Banchillerato en la provincia de Alicante (31 aulas en el conjunto de la Comunidad Valenciana), y aclare si la elección de los centros de la opción avanzada del valenciano ha primado a la hora de elegir los colegios que salen indemnes de la cruzada del conseller contra la enseñanza concertada. La provincia de Alicante pierde diez aulas para el curso 2017-2018, que la Confederación de Padres, (Concapa), vincula directamente a la apuesta de los colegios por el mayor o menos nivel de enseñanza del valenciano.
Ciudadanos fue más allá al apuntar que la actitud de Marzà choca con la Constitución, por entender que va contra el derecho constitucional de los padres a elegir libremente la enseñanza de sus hijos. Las críticas contra Marzà se centran también en el daño que pueda hacer el recorte en la concertada a alumnos que llevan toda su vida escolar en un determinado centro y ahora tendrán que cambiar al eliminarse las aula subvencionadas y no poder afrontar los pagos.
Recursos propios
Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, aseguró ayer que se no han concertado para el próximo curso 31 aulas de Bachillerato con centros privados por criterios «técnicos, objetivos y objetivables», que tienen que ver con la necesidad de cubrir la demanda educativa con recursos propios. En la rueda prensa posterior al pleno del Consell, la vicepresidenta indicó que, si no hace falta pagar a una empresa privada por un servicio que puede dar el sistema educativo público, no hay «por qué pagar lo que uno puede hacer con fondos propios». Según dijo, el alumnado que en este momento esté estudiando en un centro privado concertado y pase a segundo de Bachillerato el próximo curso, seguirá en ese centro y acabará allí esa etapa educativa, porque no van a «trastornar la vida de las familias, como hacía el anterior Gobierno».
Oltra aseguró que el concierto con centros privados del Bachillerato aprobado por el PP generó un impacto en el sistema público educativo que provocó el cierre de unidades, que centenares de funcionarios interinos se fueran a la calle, y que se derivaran a centros privados recursos que no llegaban a centros públicos. «Todo eso, sin ningún estudio de viabilidad ni de necesidad previo», aseveró Oltra, quien dijo que fue una medida «absolutamente ideológica» del antiguo Consell.
Oltra citó varios de los criterios aplicados en este arreglo escolar, como los centros concertados históricamente antes de la ley de 1985, centros que tengan mayor proporción de alumnado con condiciones económicas y sociales desfavorables, centros con experiencias innovadoras en los últimos cuatro años, o centros que atiendan la población en su área de escolarización.
Por su parte, el sindicato Anpe hizo público un comunicado en el que aseguró que la Conselleria presenta su propuesta de arreglo escolar sin que se hayan negociado los criterios seguidos para la creación , supresión y/o habilitación de unidades. «La falta de negociación provoca que se desconozcan, entre otros factores, cómo afectan los nuevos programas lingüísticos en los criterios para suprimir o unificar niveles diferentes en un mismo grupo. Estos cambios afectan directamente al número de docentes en los centros».
