Como si se tratara de un elaborado proceso de «reestructuración» de la plantilla municipal del Ayuntamiento para «retirar aquellos puestos de trabajo que no accedieron por proceso selectivo» con el fin de «liberar masa salarial -argumentó ayer el alcalde- y tener dinero suficiente para hacer oferta de empleo público para todos los alicantinos en igualdad». Como si el despido fulminante de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, no guardara ninguna relación con la decisión del grupo municipal popular de denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción el presunto fraccionamiento de facturas en el área de Comercio, lo que podría ser un delito de prevaricación administrativa con penas de 9 a 15 años de inhabilitación para cargo político. Así, como si nada, se comportó ayer el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, responsable del despido del familiar de Barcala que hasta ahora ejercía de técnico en la Concejalía de Cultura, dirigida por Daniel Simón (Guanyar).

Antes de una visita vecinal al parque Lo Morant, el regidor socialista aseguró que la supuesta reestructuración de la plantilla municipal, a la que él vincula el despido de la cuñada de Barcala conocido el pasado jueves, había que «afrontarla» antes o después. Ahora que están en el ecuador del mandato, prosiguió Echávarri, hay que hacer efectivas las «reivindicaciones» que llevaban en los programas electorales. Según el dirigente socialista, si no hubieran comenzado por esta persona, «podría haber sido la que continuara», a la vez que subrayó que por su condición laboral, contratada por la apertura del MACA y Las Cigarreras, «tuvo que haber cesado en su momento», ya que estaba ahora «funcionalizada».

Echávarri, en su intento de justificar su decisión contra el familiar de Barcala, diferenció «claramente» entre el personal funcionario que ha pasado un proceso selectivo y los que no. Y entre la plantilla que no superó el citado proceso, «si las funciones para las que ha sido empleado han vencido o no». Al respecto, el alcalde indicó que si una vez finalizadas las tareas para las que fue contratado continúa trabajando es «una puerta de atrás a la función pública» y una «discriminación».

Preguntado sobre la reacción de sus socios (Guanyar y Compromís), contrarios al despido de la cuñada de Barcala, Echávarri afirmó que el despido es una cuestión de Recursos Humanos, área en manos del PSOE. En todo caso, el regidor rechazó valorar la opinión contraria del concejal de Cultura, Daniel Simón (Guanyar), y de sus socios de gobierno, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido. En respuesta, en cambio, añadió que en los socialista creen en «igualdad, mérito y capacidad» y que en la función pública «no hay atajos».