«El precio no puede ser el único determinante a la hora de la contratación de una empresa para ejecutar un proyecto». La afirmación de Josep Ochoa, director general de Responsabilidad Social y Fomento de Autogobierno de la Generalitat Valenciana resume el objetivo de la futura Ley de Fomento de la Reponsabilidad Social que el Consell quiere aprobar antes del verano para llevarla a las Cortes y que pueda entrar en vigor a final de año o principios de 2018, según la previsión de la Conselleria de Transparencia.
Hoy se presenta en Alicante en un acto abierto en Puerta Ferrisa y el equipo redactor celebra que la norma se esté gestando desde el consenso con todos los agentes implicados. Entre los artículos más sobresalientes destaca que la nueva ley prohibirá que la Administración Pública -17% del PIB de la Comunidad Valenciana- contrate con empresas que radiquen u operen en paraísos fiscales, o que se hayan visto incursas en casos de corrupción. «Hay que cambiar el chip e incorporar otros parámetros como primar el componente social, ambiental, comercio justo... o la incorporación de contratados en riesgo de inclusión social...», subraya Josep Ochoa.
El objetivo de la futura ley de Fomento de Responsabilidad Social es extender e involucrar a las administraciones públicas en el fomento de la responsabilidad social en general y, en particular, dentro de su propia organización. La Administración, en su condición de prestadora de servicios públicos, puede usar de forma estratégica la contratación pública y exigir, en el marco de la legislación aplicable, cláusulas en la contratación como una herramienta para fomentar dicha responsabilidad, y alcanzar una mayor transparencia en la gestión como medio de lucha contra la corrupción.
La nueva ley establece cláusulas sociales y de buenas prácticas por parte de las empresas que serán prioritarias para las contrataciones que desarrolle la Generalitat y su sector público, además de un estímulo a la responsabilidad social para las empresas, especialmente para pymes y autónomos, según subraya Ochoa.
Con la finalidad de potenciar la participación, análisis y consulta en materia de responsabilidad social, se creará también el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social como un órgano colegiado y de participación del Consell en esta materia, que será un observatorio de la responsabilidad social en la Comunidad, que actuará como órgano de información y consulta.
Algunas de estas cláusulas de la ley tendrán un marcado carácter social como el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social; la inserción laboral de personas con diversidad funcional; el fomento de la estabilidad en el empleo y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
A su vez, la normativa incluirá pautas ambientales como la eficiencia energética, el uso de productos reutilizables, el empleo de energías renovables, la minimización de emisiones y la adecuada gestión de residuos.
En cuanto a las cláusulas éticas se recogen medidas relacionadas con códigos de conducta, transparencia y acceso a la información publica, lucha contra la corrupción y comercio justo.
La Conselleria de Transparencia está intensificando las diferentes acciones de difusión para dar a conocer las principales novedades de la ley. En la jornada de hoy se quiere poner en común los detalles del texto con diversos representantes del mundo empresarial y social alicantino.
