Las posibles irregularidades de las facturas de la concejalía de Comercio, que gestiona el propio alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, se dilucidarán ante los tribunales. El portavoz del PP, Luis Barcala, anunció ayer que su grupo llevará el próximo martes ante la Fiscalía de la Audiencia el presunto fraccionamiento de los contratos de ese departamento. Los populares han asumido esta decisión después de haber cerrado su «propia investigación», de la que concluyen que en el área de Comercio no se habrían producido simples «errores administrativos» sino que podría haberse cometido un presunto delito de prevaricación administrativa». «Las irregularidades en la concejalía que depende del alcalde son claras», aseguró Barcala.
En lo que va de mandato, es la tercera ocasión en la que el PP de Alicante lleva asuntos del Ayuntamiento ante la Justicia. Con anterioridad, ya lo hizo por el cambio de las calles con nombre franquista y también por la presunta negativa del tripartito a facilitar información sobre asuntos municipales a la oposición.
Ahora, el PP vuelve a recorrer el mismo camino por un asunto que con el tiempo va engordando. Hay que recordar que las facturas ya se han elevado al Consell Jurídic Consultiu después de que el interventor advirtiera irregularidades; y que el pasado jueves uno de los dos socios de gobierno del propio Echávarri, Guanyar, exigió que se depuraran las responsabilidades en Comercio, «incluidas las políticas». Es decir que el alcalde se está viendo hostigado por toda esta artillería tanto desde dentro como desde fuera del ejecutivo que preside.
No en balde, es curioso que el PP utilice ahora algunas expresiones muy similares a las de Guanyar. La denuncia de los populares ante el fiscal está precisamente dirigida «ante las posibles responsabilidades de los dirigentes políticos y de otros cooperadores necesarios».
La tesis de Barcala es que «existe una unidad de objeto entre varios de los contratos fraccionados que podían y debían haberse licitado como un único contrato, no existiendo justificación alguna para su fraccionamiento». Por ello se habría producido «un presunto delito de prevaricación administrativa consistente en la suscripción de contratos menores que implican el fraccionamiento de contratos que debieran haberse licitado con todas las garantías legales». Estas últimas son las que se habrían obviado «adjudicando arbitrariamente diferentes trabajos y servicios».
El PP insiste en primer lugar en las responsabilidades políticas del alcalde, ya que «la primera evidencia administrativa de la suscripción de los contratos es la aprobación de las facturas que la realiza, casi en exclusiva Echávarri». Pero después también subraya que «en la contratación ha intervenido personal de confianza que carece de competencia para contratar». Barcala agregó que «extrañamente estos últimos no fueron colgados en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento».
Por su parte, Echávarri dijo mostrarse «sorprendido» por la actuación de Barcala «que no nos esperábamos». «Él sabe que nadie ha cometido ningún delito y eso es algo que también dice el interventor, que ha reconocido que había necesidad de pagar [esas facturas] y que sólo ha puesto reparos por posibles errores en la tramitación que nosotros somos los primeros que queremos aclarar». Por eso «también apoyamos la creación de una comisión de investigación como ha pedido algún grupo político».
Para el alcalde todo queda ahí. «En ningún caso se ha podido cometer una prevaricación porque no ha habido intención de favorecer a nadie» y los contratos de Comercio se «han abonado a precio de mercado».
Por ello, Echávarri consideró que «todo obedece a una pataleta del señor Barcala para hacerse notar». Por fin, el munícipe le reprochó al portavoz del PP «que continúe haciendo uso una vez más de la Fiscalía como herramienta política».
