18 de abril de 2017
18.04.2017

El PP acusa al alcalde de evitar a los técnicos para contratar en Comercio

El edil Barcala acudirá hoy a Fiscalía para denunciar un posible delito de prevaricación por el fraccionamiento de contratos

18.04.2017 | 00:54
Barcala habla en presencia de Echávarri, durante un pleno.

Un día antes de acudir hoy a Fiscalía para denunciar el posible fraccionamiento de las facturas en la Concejalía de Comercio, el PP afirmó ayer que el área municipal, dirigida por el propio alcalde, «ha eludido la gestión administrativa por la doble vía de utilizar el contrato menor y gestionar la contratación al margen de la gestión por personal funcionarial». Según un comunicado de los populares, «es insostenible» que se «pretenda hacer pasar por un error administrativo que se ha intentado subsanar», en alusión a las facturas por un valor total de 190.000 euros que el tripartito ha elevado al Consell Jurídic Consultiu (CJC) tras advertir el interventor posibles irregularidades.

El grupo municipal del PP resaltó ayer que «en el proceso de contratación ha intervenido también personal de confianza de Alcaldía, ajeno al área de Comercio», aunque sin concretar los nombres. «Resulta que las dos personas dependen de la misma: el alcalde, Gabriel Echávarri», añadieron. A ello, según el portavoz del grupo municipal del PP, Luis Barcala, hay que «sumar» el hecho de que «de las 25 facturas de Comercio [todas ellas, contratos menores] que se ha requerido su anulación, 18 fueron aprobadas directa y exclusivamente por el alcalde sin participación de personal alguno de Comercio, y luego hay otras cinco que constan sin ninguna firma». Este punto es importante, a juicio de los populares, por lo que esta mañana irán a Fiscalía a denunciar unos hechos que aseguran pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación. Y es que «es en Alcaldía donde se reciben y aprueban la mayor parte de las facturas, aprobación imposible si no se conociera de antemano su existencia y que el pago era procedente», apuntó ayer el portavoz del PP. Además, Barcala subrayó que «el hecho de que las facturas estén aprobadas sólo por el alcalde, Gabriel Echávarri, significa que no han entrado primero en Comercio y han sido fiscalizadas por el jefe del servicio o de departamento, que les dan el visto bueno y firman antes de pasar a la aprobación del primer edil, como sería lo normal».

Desde el PP insisten en que otro de los indicios de ilegalidad es la «omisión desde un principio de toda referencia a la existencia y suscripción de los contratos». Es decir, «no existen antecedentes, ni hay expedientes y se ha contratado de forma directa y verbalmente en la mayoría de los casos».

Por otra parte, el dirigente del PP de Alicante considera que «resulta muy raro que se envíe al CJC un expediente con unos informes donde no se dice claro que pueda haber fraccionamiento de contratos». Según el PP, «no se está pidiendo la opinión del CJC, sino que se trata de un trámite preceptivo donde se debe decir si procede, o no, la anulación y la propuesta que se le remite debe estar perfectamente justificada. Barcala confía en que el CJC entre «al fondo del asunto» y requiera al tripartito de Alicante «cuantos datos y documentos sean necesarios».

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