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El tripartito firma 35 contratos menores al día que los servicios jurídicos rechazan

El equipo de gobierno acumula unos 16.000 contratos este mandato que pueden ser «una limitación de la concurrencia de licitadores y un falseamiento de la competencia»

El tripartito firma 35 contratos menores al día que los servicios jurídicos rechazan

«De conformidad con este marco legislativo, en el momento actual, la figura del contrato menor debe considerarse como una figura residual y extraordinaria, en la forma y medida que la misma puede suponer una limitación a la concurrencia de licitadores y a un falseamiento de la competencia». Así de contundente se muestra la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Alicante en respuesta al interventor general, que pidió hace apenas un mes un informe sobre la tramitación adecuada para las facturas del área de Comercio que han acabado en el Consell Jurídic Consultiu ante las irregularidades detectadas por el propio interventor que han provocado la anulación de los contratos.

Pese a esa postura, el tripartito no tiene reparos a la hora de seguir recurriendo a unos contratos menores que rechazan desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento. De hecho, según fuentes municipales, en lo que va de mandato, las diferentes concejalías en manos de PSOE, Guanyar y Compromís han firmado más de 16.000 contratos menores. Es decir, unos 35 al día si se contabilizan sólo los días hábiles para la administración local. Según el informe de la Asesoría Jurídica pedido desde Intervención, «el abuso de la contratación menor, con sus escasas formalidades, conlleva también un ataque a la racionalización y previsión en el gasto público, por lo que igualmente conlleva la necesidad de un uso limitado y extraordinario». Los servicios jurídicos de Alicante no se quedan ahí y sentencian que «los contratos menores debieran proscribirse del uso habitual del Ayuntamiento, en virtud del carácter absolutamente residual y limitado que debe caracterizarles». Es decir, pese a que el tripartito usa los contratos menores con absoluta normalidad, los abogados municipales reclaman que se acabe con una práctica que, a su juicio, va contra la competencia.

Este tipo de contratos, cuyo importe no puede superar los 50.000 euros (sin el IVA incluido) si se trata de obras y de 18.000 euros (sin IVA) en servicios, pueden adjudicarse directamente a cualquier empresario.

La última controversia en el Ayuntamiento con los contratos menores de por medio se ha conocido hace apenas una semana a raíz de unas facturas por un valor aproximado de 190.000 euros de la Concejalía de Comercio, dirigida por el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, y que se dividen en actividades de promoción, edición de los premios de Comercio y renovación de dos mercados y un mercadillo, contratos sobre los que recaen las principales dudas jurídicas. Las irregularidades detectadas por el interventor municipal han obligado a que el equipo de gobierno aprobase la pasada semana el inicio de expediente de declaración de nulidad del procedimiento de contratación. Ahora será el Consell Jurídic quien debe pronunciarse sobre el proceso seguido desde Comercio, es decir, si hubo fraccionamiento de los contratos para evitar acudir a un proceso abierto de contratación. Ante las evidentes dudas en la tramitación de las facturas, fechadas a finales del pasado año, Ciudadanos ha anunciado que pedirá la apertura de una comisión de investigación, a la que Echávarri, al menos de momento, no ha puesto reparos, al asegurar que la apoyará si finalmente se lleva a la próxima sesión plenaria.

Los problemas con los contratos menores para el tripartito vienen de más lejos. De hecho, la actual situación de minoría del equipo de gobierno responde a la expulsión de Nerea Belmonte de Guanyar por adjudicar contratos menores a una empresa de su entorno. Su negativa a dejar el acta la convirtió en tránsfuga y, en consecuencia, dejó al tripartito en precario.

Para el interventor, los informes sobre contratos menores tampoco son nuevos. De hecho, el alto funcionario ya pidió el pasado año al equipo de gobierno que al menos unificase los modelos de contratos menores, ya que los criterios eran diferentes en función de la concejalía que los tramitase. «El tratamiento no es común. Existen órganos que someten los contratos a trámites previos o otros no», sentenció.

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