Los tribunales han impuesto a a la Conselleria de Educación mil euros de multa por cada mes que pase sin cumplir una sentencia firme que le obliga a pagar a los profesores interinos su antigüedad, tal y como se hace con los funcionarios de la enseñanza con plaza a los que les equipara el fallo.
Educación ha recibido ya dos multas «coercitivas» de mil euros cada una, desde el pasado mes de febrero, por este motivo. Los tribunales afean específicamente a la conselleria verse obligados a emitir un auto para que se cumpla un fallo ejecutorio. «Resulta esperpéntico y lamentable que tenga que llegarse a la imposición de multas coercitivas para llevar a puro y debido efecto lo acordado en sentencia», concreta el citado auto al que ha tenido acceso este diario.
Coste
La segunda de estas multas, con fecha del mes de marzo que acaba de terminar, ha puesto la pilas a la administración educativa, y desde la dirección general de Centros y Personal Docente en Valencia se ha dictado una resolución dirigida a la territorial de Alicante para que proceda al pago, y cumplir de esta forma la primera de estas sentencias que da la razón a seis profesores interinos de la provincia de Alicante.
La federación de enseñanza de CC OO que ha tramitado estas denuncias desde el año 2014, cuando estaba el PP en el Consell, advierte de que hay otras 30 sentencias en curso con los mismos argumentos que desembocan en la misma conclusión: el pago de los sexenios de formación a los docentes interinos. Y añade que en el conjunto de la provincia otros 8.000 docentes podrían acreditar sus sexenios y acudir a los tribunales para recibir el pago retroactivamente.
El delegado sindical de l'Alacantí, Francisco García, concreta que «ya hay sentencia ejecutoria y firme, cuyo coste para la Conselleria de Educación ronda entre los 30.000 y los 50.000 euros por cada interino afectado en función del número de sexenios que se puedan acreditar, y en trámite quedan otros 31 fallos jurídicos también con sentencia firme entre los que gestionamos en este sindicato, cuyo coste calculamos en no menos de 400.000 euros para la Administración educativa, o incluso del doble».
Sin salida
Ante esta situación que deja sin salida a la conselleria, -en atención a fallos precedentes del Supremo en 2012 y del Constitucional en 2014, además de la sentencia definitiva del tribunal de la Unión Europea- CC OO reclama a Educación un acuerdo global que incluya a la totalidad de los interinos.
Francisco García sostiene que «esa es la forma de evitar el coste jurídico que implicaría para el resto de los interinos iniciar un proceso que ya se sabe ganador de antemano. Lo que decimos a la Administración es que se siente a valorarlo para llevar a cabo este abono generalizado, sin esperar a que le llueven las sentencias».
La conselleria que dirige Vicent Marzà se ve de esta forma con una penosa herencia -por el coste económico que supone y que CC OO calcula en no menos de 30 millones de euros-. No obstante, el delegado sindical añade que otras comunidades autónomas, incluso gobernadas por el PP como la murciana o la extremeña, tienen ya como norma el pago de la formación acreditada a los docentes interinos cuando se cumple el tercero de los sexenios.
