«La incorrecta interpretación de la ley de Memoria Histórica [respecto a José Calvo Sotelo], que daría lugar al cambio de denominación de la plaza, supone en la práctica, y en la opinión pública, una vulneración del valor y derecho de mi representado al prestigio del nombre de un familiar, José Calvo Sotelo, y en general al buen nombre de su familia». Éste es el principal argumento que se esgrime en el recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto un familiar de Calvo Sotelo contra el Ayuntamiento por retirar del callejero, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, el nombre del que fuera ministro de Primo de Rivera y diputado en la Segunda República.

El recurso, con fecha del 16 de marzo, sostiene que el acuerdo de la Junta de Gobierno del 15 de noviembre que dio luz verde al cambio de 46 calles o vías franquistas en Alicante supone una «vulneración del derecho legítimo del recurrente al prestigio del nombre de José Calvo Sotelo, como nieto del mismo». Y no sólo eso, sino que el documento subraya que la acción judicial contra el Ayuntamiento «no pretende proteger ni demandar el derecho al honor de un familiar fallecido, sino el derecho del recurrente al prestigio del nombre de su familiar, parlamentario de un régimen democrático, la Segunda República Española, reconocido por sus aportaciones a la modernización de las corporaciones locales en España y -continúa el recurso- sin relación con el objeto de la Ley de Memoria Histórica, norma invocada por el Ayuntamiento al dictar la resolución recurrida».

José Calvo Sotelo (Tuy, 1893- Madrid, 1936) fue ministro de Hacienda entre 1925 y 1930, durante la Dictadura de Primo de Rivera. El político fue elegido diputado en tres legislaturas, incorporándose por última vez a su escaño tras una amnistía en 1934. Antes de la Guerra Civil protagonizó debates en las Cortes en los que reclamó que se restableciese el «orden público». El 13 de julio de 1936 fue detenido en su casa de manera irregular por un grupo en el que había miembros de las fuerzas de seguridad y posteriormente asesinado de un tiro en la cabeza. Historiadores aseguran que su muerte fue decisiva para que el general Franco decidiese unirse al levantamiento contra la República que acabó en la Guerra Civil.

Este nuevo recurso de un familiar de Calvo Sotelo, el diputado que da nombre a una plaza que el tripartito renombró como «Porta de Sant Francesc», se suma al presentado por el PP, que acabó con la decisión de una jueza de paralizar cautelarmente el cambio de las calles franquistas y de obligar al tripartito a reponer las placas.

En respuesta al recurso presentado por la familia de Calvo Sotelo, la concejalía que dirige María José Espuch (Compromís) ha elaborado un informe en el que defiende la inclusión de Calvo Sotelo en el listado de calles que deben modificar su nombre en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El documento, apoyándose en estudios de cinco investigadores -entre quienes figuran Francisco Sánchez Pérez, profesor titular de la Universidad Carlos III; y Ángel Viñas, catedrático emérito de la Complutense- concluye que la plaza que ostenta Calvo Sotelo en Alicante cumple el criterio A1, en el que textualmente se engloban a «personas adscritas a organización fascista, con especial responsabilidad en la República, y el Golpe Militar de 1936 contra el Gobierno Legítimo y Constitucional y/o que hubieran tenido especial significación en hechos violentos en ese periodo». Según el informe del Ayuntamiento, «investigaciones históricas recientes demostrarían la implicación de Calvo Sotelo en la organización y/o financiación de los distintos golpes urdidos para derribar el orden constitucional de la República Española desde 1932 y, sobre todo, en 1936».

Por este motivo, según la Concejalía de Memoria Histórica, «queda plenamente justificada» la eliminación del nombre Calvo Sotelo de la plaza que ostenta, «no sólo por haberse dado dicho nombre inmediatamente finalizada la Guerra Civil y con afán claramente revanchista, sino por cumplir con claridad el criterio de eliminación A1». Además, el texto agrega que la propuesta final de la citada comisión municipal contó con el apoyo de vecinos, entidades y la Universidad de Alicante.