Ni hay documentación nueva, ni indicios de que los abogados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez resolvieran alegación alguna para el empresario Ramón Salvador. Con estos argumentos, la defensa del hermano de la exalcaldesa de Alicante y del exedil socialista Javier Gutiérrez, abogados urbanistas investigados en la causa del PGOU, han pedido al juez que desestime la petición de Esquerra Unida para reabrir el proceso y tomar nuevas declaraciones a raíz de la comparecencia del empresario Ramón Salvador, también imputado por estos hechos, que manifestó haber sufrido presiones para pagar comisiones a cambio de que le recalificaran suelo en una zona conocida como Pla de Xirau.
EU alertaba al juez de que había nueve documentos que acreditarían el pago de comisiones y pedía que se citara a declarar a José Luis Castedo, al redactor del PGOU Jesús Quesada, al tiempo que se sumaba a la petición del fiscal para llamar a los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.
El abogado Bernardo del Rosal, que representa a Gutiérrez y a Castedo en esta causa, plantea su «perplejidad tras nueve años de instrucción» por el hecho de que se plantee como «hecho novedoso» la documentación aportada por Ramón Salvador. Según el letrado, se trata de un análisis «descontextualizado y fraccionado de diferentes sospechas, derivada de interpretaciones vagas, equívocas y de alteraciones arteras». La defensa plantea que algunos documentos ni siquiera son novedosos, ya que se refieren a documentación aportada a la causa y en ningún caso acredita que los abogados fueran los encargados de resolver la alegación de Ramón Salvador. Según estos argumentos, el documento del que habla EU se refiere a las contestaciones de alegaciones al PGOU presentadas por personas ajenas a la causa. La defensa señala que las facturas por tres trabajos desempeñados por el despacho para Ramón Salvador por proyectos en otros tantos municipios fueron debidamente contabilizados.
