La nueva Ley de Patentes que acaba de entrar en vigor obliga a las universidades públicas y centros públicos de investigación a pagar tasas, mientras que en la antigua ley, en vigor desde 1986, estaban exentas de este pago. Esta modificación perjudicará a la investigación porque estas tasas son «muy caras», según explicó la profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante Pilar Íñiguez, «si bien fomentará la competitividad con las empresas y evitará que se creen burbujas, monopolios y reclamaciones en los tribunales en el afán de patentarlo todo», añadió.
La buena noticia es que estas tasas estarán bonificadas al 50% en el caso de los centros públicos y el resto se podrá recuperar siempre y cuando se demuestre que la patente está siendo explotada comercialmente. Eso sí, la nueva normativa no prevé una manera de solicitar esta devolución y remite a la Ley General Tributaria, lo que implica realizar una autoliquidación y una solicitud económica de datos entre otros farragosos trámites.
La vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Alicante (UA), Amparo Navarro, consideró que «obviamente es más beneficiosa la exención y de hecho la Conferencia de Rectores alegó en este sentido cuando la ley salió a exposición pública, pero se desestimó». No obstante, prefirió destacar la devolución de la tasa por explotación. «Ahora sólo se patentarán las que se considere que pueden tener una rentabilidad en el futuro y habrá que ser cuidadoso con la selección, pero se evitan burbujas y también las llamadas patentes dormidas, ya que las universidades disponen de 20 años de derecho de explotación en exclusiva del descubrimiento y algunas no se llegaban a desarrollar nunca».
El vicerrector de Investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), Manuel Jordán, aseguró que su institución es contraria a que se tenga que pagar una tasa por patentes, una postura que «significamos a través de las alegaciones que presentamos al Ministerio», dice. En su opinión, esta medida lastrará que los investigadores sigan patentado y quizá «nos lleve a tener que crear comisiones específicas para ver qué patentes son las que sacamos adelante, ya que la universidad, si hay una avalancha de muchas, puede quedarse sin fondos para afrontarlas todas». Jordán consideró que es una ley «que trata de evitar el abuso de patentes curriculares, que no aseguran una transferencia a la sociedad. De hecho, si acreditas que ha tenido un uso comercial, te retornan la cantidad pagada», informa Sergio Illescas.
En cuanto a la complicación a la hora de solicitar la devolución de las tasas, Navarro explicó que «efectivamente ahora tendremos que realizar más trámites, pero en las universidades contamos con oficinas de transferencia de la investigación (OTRI) que serán las que lo asuman».
La cuantía de las tasas dependerá de la extensión y amplitud de la patente, por lo que nadie se atreve a dar cifras aunque según Íñiguez «las universidades deberán crear una partida presupuestaria para cada proyecto de investigación que solicite una patente».
Por otra parte, aunque Íñiguez cree que a nivel global la nueva ley de patentes «es buena», augura un nuevo «caballo de batalla» con otra modificación: el hecho de que ahora las universidades pueden decretar el secreto industrial «bloqueando la divulgación y comunicación de la patente del investigador».
