El conseller de Educación,Vicent Marzà, replica frente al recurso presentado por la Diputación Provincial, contra el decreto de plurilingüismo, que "no es más que una fuga hacia delante para tapar sus problemas".

El máximo titular de Educación afirma que la normativa que arranca el cuso que vene "tiene una sólida base no sólo pedagógica, sino también jurídica y administrativa".

Marzà subraya que "incluso el Ministerio de Educación lo ha dado por bueno. Estamos absolutamente tranquilos".

Para el conseller, el recurso de la Diputación pretende "tapar problemas, como por ejemplo la discriminación de los ciudadanos y ciudadanas de Alicante en los presupuestos del Estado elaborados por sus compañeros de partido Rajoy y Montoro".

"Sería mejor para los propios alicantinos y alicantinas que, en vez de poner palos en las ruedas al plurilingüismo y al progreso, el presidente de la Diputación se dedicara a defenderlos ante Rajoy", concluye.

El recurso

La Diputación de Alicante ha abierto un nuevo frente de batalla contra el Consell y ha llevado a los tribunales el decreto de plurilingüismo de la Conselleria de Educación que dirige Marzà. Tambié reclama que se paralice la nomra, al igula que han peiddo la cautelar los sinciatos ANPE y USO.

La institución provincial presentó el último día de plazo un recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad, en el que argumenta, en líneas generales, que la Diputación de Alicante tiene potestad y «algo que decir» en defensa de los intereses de los municipios alicantinos, ante un decreto que considera que no respeta las particularidades de una provincia como la de Alicante en materia lingüística, según explicaron fuentes del Palacio Provincial.

Se convierte así en la primera administración que planta cara jurídicamente al programa de la enseñanza en lenguas que el Consell implantará el curso que viene en los colegios para niños de 3 a 5 años y, progresivamente, en el resto de niveles educativos hasta llegar a Bachillerato en 2021.

Hasta el momento los recursos contra el decreto de plurilingüismo han partido de sindicatos de enseñanza -CSI.F, USO y ANPE-, así como de las confederaciones autonómicas de padres de alumnos, tanto de centros públicos como de centros concertados, unidos expresamente frente a lo que consideran una «imposición» contra la libertad de elección de la lengua vehicular para sus hijos. Todos ellos aluden a la discriminación del alumnado de los centros con enseñanza mayoritaria en castellano, porque para recibir más horas de inglés deben aumentar también las de valenciano, y tampoco obtienen un certificado automático en lenguas como el resto.

El propio Ministerio de Educación, a instancias de Ciudadanos, reclamó explicaciones al conseller al respecto, quien ha tratado de orillar posibles conflictos anunciando un cambio en la distribución de asignaturas en Primaria, de forma que los colegios con más castellano puedan optar a impartir dos horas y media más de inglés oral.

El recurso

El recurso que ha presentado la Diputación, a pesar de los cambios educativos de última hora Marzà, supone abrir otro frente con el ejecutivo autonómico y agravar la tensión política entre esta institución, gobernada por el PP, y el Consell del socialista Ximo Puig y la líder de Compromís, Mónica Oltra, mínimamente suavizada tras su reciente visita a la institución provincial para reunirse con su presidente, César Sánchez.

El encargado de defender el recurso contra el plurilingüismo es el vicepresidente de la institución provincial y diputado de Economía, Carlos Castillo, que dará más detalles hoy en una rueda de prensa.

Castillo, uno de los diputados provinciales que más tira del discurso combativo contra el Consell, se ha erigido en un referente en la Diputación para explicar y defender la guerra que la institución ha emprendido en los tribunales contra decisiones del ejecutivo autonómico que desde la Diputación se consideran «impuestas» y, literalmente, por decreto. Así ocurrió con los decretos autonómicos de coordinación de Turismo y Deportes, ante los que la Diputación presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad que finalmente terminó dando la razón a la Diputación. El TSJ suspendió de modo provisional ambos decretos al anunciar el Consell un recurso en el Tribunal Supremo.

La guerra que ha caracterizado los casi dos años de legislatura desde que Ximo Puig y César Sánchez se hicieron presidentes -de la Generalitat el primero y de la Diputación el segundo- ha vivido episodios de crispación desde el minuto uno de legislatura.

Entre los principales frentes se encuentran los citados decretos de coordinación turística, el rechazo de la Diputación a una posible tasa al turismo, el Fondo de Cooperación Municipal del Consell al que la institución alicantina se ha negado a adherirse, las duras críticas al plan XarxaLlibres, a lo que habría que sumar el campo de batalla que ha abierto el decreto de Marzà, contra el que ya se ha pronunciado la dirección autonómica y provincial del PP.

Fuentes de la Diputación aseguran que el recurso es fruto de un «estudio concienzudo» entre el equipo de gobierno y los servicios jurídicos para intentar defender los intereses de los pueblos de la provincia, con particularidades lingüísticas muy concretas respecto a Valencia y Castellón.