El área de Intervención del Ayuntamiento de Alicante ha advertido posibles irregularidades en la tramitación como contratos menores de una serie de facturas de campañas de publicidad del área de Comercio, dirigida también por el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, por un montante total de 189.762 euros. Ante esta controversia, el tripartito que gobierna Alicante, integrado por el propio alcalde; el vicealcalde, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar; y el portavoz del gobierno, Natxo Bellido, han acordado pedir un dictamen al Consell Jurídic Consultiu para que determine si existen o no las irregularidades administrativas que señala el interventor en la tramitación de tres bloques de facturas.

«Teniendo en cuenta la necesidad de no perjudicar a los proveedores demorando el pago de las facturas dadas las fechas en que nos encontramos, son precisamente las dudas suscitadas en orden a la tramitación de las facturas del presente expediente y la tramitación adicional a la que han dado lugar lo que motiva el presente reconocimiento extrajudicial de crédito», señala en su informe el interventor, que además cita expresamente la recomendación de la asesoría jurídica de que «los contratos menores debieran proscribirse del uso habitual del Ayuntamiento, en virtud del carácter absolutamente residual y limitado que debe cararcterizarlos».

Fuentes próximas a Alcaldía explican que ante las discrepancias entre los servicios jurídicos, que entienden que no habría problemas en este caso, e Intervención, en torno a la tramitación del expediente de las facturas se ha decidido elevar esta consulta «para asegurarnos». Y añaden que siguiendo la recomendación de ambos se procederá a pagar las facturas, un total de 50, mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito con cargo al área de Comercio, Mercados y Consumo «porque los reparos afectan al proceso administrativo, en ningún caso ponen en duda la necesidad de pagar las facturas dado que se han realizado los servicios a precio de mercado», en concreto campañas de publicidad sobre los mercados municipales o los premios de Comercio en medios de comunicación. «Se trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar que los procesos administrativos se realicen correctamente», añaden las fuentes. De hecho, hay informes en este sentido, que no ponen en duda el pago, de Intervención, servicios jurídicos y el propio área de Comercio.

Si el Consell Jurídic Consultiu estima que el proceso es correcto se cerrará el expediente de reconocimiento extrajudicial y se repondrán los contratos menores, y si determina que no, se abonarán por reconocimiento extrajudicial.

La decisión de consultar al Consell Jurídic fue adoptada por los tres líderes del tripartito ayer durante la reunión de la Junta de Gobierno, y fue anuncia a su término por el portavoz del gobierno local, Natxo Bellido. «Si Intervención tenía reparos es que igual debería haberse tramitado de otra forma», dijo el portavoz, que añadió que Guanyar y Compromís dejan en manos del alcalde si considera oportuno tomar alguna medida al ser área de su competencia. Al ser consultado si hablaba del asesor de Comercio, Pedro de Gea, Bellido declinó pronunciarse. Lo mismo que De Gea, quien remitió a Alcaldía.