Uno de los datos más morbosos de la investigación de la gestión de Consuelo Císcar en el IVAM fue descubrir que había comprado 2.750 unidades del Catálogo Razonado de Julio González en virtud de un convenio con una fundación privada y sol o había vendido 22 y regalado 161. El resto, 2.567, los tenía almacenados. Al margen de las derivadas corruptas que el juzgado dirá si las hay, el episodio muestra cómo también con los libros era cierta aquella autoconfesión de Alberto Fabra (2012) de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades.

La prueba son los miles de kilos de papel de edición institucional que están hoy almacenados en una nave de Riba-roja de Túria (Valencia). Un total de 790 palets.

Cuando el Consell bipartito preguntó a la empresa encargada de la gestión de este remanente editorial a cuánto ascendía el material custodiado se encontró con la sorpresa de 375.370 volúmenes.

Eso fue hace un año. Una vez que el contrato ha sido concedido a otra empresa y que esta ha tenido que realizar un inventario detallado, el estupor ha sido mayor: la cifra del derroche editorial a cargo de las arcas públicas asciende a 484.658 ejemplares.

Y aún crecerá algo, advierte el director general de Relaciones con las Corts, Antonio Torres, porque están por incorporar las existencias del IVAM y de otros organismos culturales. No obstante, la Generalitat ya ha empezado a ofrecer a los ayuntamientos paquetes compuestos principales por lustrosos catálogos del museo de arte contemporáneo: Equipo Crónica, Mariscal, Alfaro, Joseph Beuys, Pinazo, Yturralde, Renau, Gerardo Rueda (otro de los ejes de la investigación judicial)... Los lotes, de 60 ejemplares distintos, son gratis. Los municipios han de hacerse cargo de los portes.

Estos envíos ya empezaron en 2016, con libros de otras características, y se distribuyeron 300 paquetes entre bibliotecas públicas: 18.000 ejemplares salvados del almacén o de la destrucción. Porque ese es el destino previsto para el material desfasado. ¿Qué se considera obsoleto? Manuales de buenas prácticas ambientales de los años 90, leyes derogadas o números muy antiguos de la Revista Valenciana de Estudios Autonómicos.

El expurgo alcanzó en 2016 a unas 30.000 unidades. Este año se está realizando en tres fases y está previsto que la trituradora devore más de 91.000 ejemplares.