Vicente Sala Martínez y sus hermanas Mar, Antonia (Tania) y Fuensanta (Fany) acordaron el pasado día 16 de marzo relevar al frente de Novocar y Solmar a Miguel López, marido de la última, cuñado del resto y sospechoso del asesinato de la madre de todos ellos, María del Carmen Martínez.

El acuerdo se adoptó por unanimidad en una junta general universal y extraordinaria de socios de Novocar S.L. (propietaria a su vez del 100% de las acciones de la rent a car Solmar S.L.U.) que conforman los cuatro hijos del expresidente de la CAM Vicente Sala y de María de Carmen, tiroteada el pasado 9 de diciembre en el lavadero de Novocar.

Junto al cese de Miguel López, que cuando se celebró esta junta se encontraba aún en la prisión de Fontcalent, de donde salió cuatro días después (el 20 de marzo) tras abonar 1500.000 euros de fianza, se aprobó también nombrar administrador único de ambas sociedades a José Fernando Bleda, quien hasta ahora y desde hace dos décadas en el caso de Novocar, y desde 2013 en el de Solmar, ha venido ejerciendo como director de ambos negocios de la familia Sala.

Tal y como establece la ley, el relevo al frente de estas dos sociedades fue registrado ante un notario, que notificó el cambio al administrador saliente (Miguel López), y posteriormente fue inscrito en el Registro Mercantil, donde la anotación se registró el pasado día 23 y ayer fue publicada.

A ultimas horas de la mañana del pasado 8 de febrero fue la última vez que el yerno de María de Carmen recorrió las instalaciones de Novocar, aunque en esa ocasión lo hizo esposado después de que agentes del Grupo de Homicidios le hubieran detenido por la muerte de su suegra unas horas antes, nada más salir de su casa, cuando se dirigía a llevar a su hija al colegio.

Aunque desde el día 20 Miguel López está en la calle, el magistrado José Luis de la Fuente le ha prohibido expresamente el acceso a Novocar para evitar posibles presiones a los testigos, además de retirarle el pasaporte y limitar sus movimiento a España.

Una limitación que tanto la acusación pública como la particular han pedido que se complete con una iorden de alejamiento de los trabajadores de este negocio (que el representante legal de Vicente Sala fija en 300 metros) así como de quien fuera el jefe del taller, el único empleado que después del crimen pidió la baja y posteriormente se acabó marchando de la empresa.